Resulta cuando menos extraño que una democracia tan rodada como la española haya podido desenvolverse hasta ahora con una ley de secretos oficiales de 1968, redactada por la dictadura franquista. Para sustituir una regulación preconstitucional y alinearse con la normativa europea y de la OTAN, el Consejo de Ministros aprobó esta semana el anteproyecto de ley de Información Clasificada que contempla cuatro tipos de material clasificado: alto secreto, secreto, confidencial y de difusión limitada. En función de cada categoría los plazos de desclasificación oscilan entre los cuatro años para los archivos menos comprometidos y los 50 para el material más sensible. El veto al público podría incluso prorrogarse en algunos casos.
El asunto no es banal en la práctica, ya que los 50 años previstos, ampliables, harían posible hurtar a la opinión pública más allá de lo razonable hechos pertenecientes a la etapa del fin del franquismo y la transición, incluido el 23 de febrero de 1981. No tendría sentido que una reforma que ha de modernizar el sistema terminase manteniendo las principales sombras. Y si se cometiera el error de regatear en este asunto, los ciudadanos tendríamos perfecto derecho a preguntar qué tienen que esconder quienes quisieran escamotearnos lo ocurrido en aquellas etapas críticas.
Este plazo de medio siglo había sido ya criticado con dureza por diversos actores políticos, entre ellos el socio menor de la coalición, Unidas Podemos, y la mayoría de los apoyos políticos de Pedro Sánchez en su investidura. Conviene recordar que este paso se ha dado tras la demanda reiterada del PNV, que logró en 2020 que el Congreso aceptase a trámite una proposición de ley de secretos oficiales que establecía un plazo máximo de 25 años.
Dado que cualquier materia reservada puede ser desclasificada en cualquier momento, los plazos no parecen excesivos pero podrían variar en el trámite de la ley. El encuentro entre Sánchez y Yolanda Díaz para escenificar su voluntad de agotar juntos la legislatura suaviza la discrepancia entre los dos socios de gobierno, aunque UP ya había evidenciado que ayer se celebraba la primera vuelta de la ley, y que las dos formaciones han acordado ya pactar la discrepancia en la segunda.
Algunos socios de investidura de Sánchez han recordado con razón que «una democracia es tanto más fuerte cuanta más transparencia pueda asumir» pero es verdad también que una ley necesaria para garantizar la seguridad del Estado debería huir de concesiones demagógicas destinadas a satisfacer a los aliados del Gobierno. La ley de secretos oficiales, que no es orgánica y que puede, por tanto, ser aprobada por mayoría simple, es una norma que pertenece al núcleo constitucional y que por ello debería obtener un gran consenso de forma que no le falta razón al PP cuando lamenta no haber sido informado en un asunto de tanto calado presente y futuro.
