No hace muchos días asistimos al debate sobre el estado de la nación. Hacía varios años que no se celebraba y era una gran ocasión para que el Gobierno y la oposición se presentaran ante el pueblo con esa responsabilidad que los ciudadanos les otorgan.
La realidad es que cada vez que sus señorías van al Parlamento cunde la sensación de que se han olvidado de su obligación de servir a los ciudadanos y de arrimar el hombro para solucionar sus problemas, que en la situación actual no son pocos.
En un debate sobre política general el PP, con su minuto de silencio, jugó a confundir y a representar un papel que tocaba a la mesa del Congreso, pero la jugada no le salió bien, se llevó la reprimenda de su presidenta y no se rompió la unidad del Parlamento: todos los diputados honraron puestos en pie, el minuto de silencio. La democracia venció a ETA con fuerza y determinación. Hubo muchas víctimas y son nuestras víctimas, de todos.
Mensajes contradictorios
Lo cierto es que la realidad política española está resultando muy compleja. La pandemia, el volcán, la guerra de Ucrania y ahora los incendios, son motivos suficientes para que toda la clase política se hubiera puesto de acuerdo en un gran pacto para resolver las consecuencias derivadas de esta situación que serán graves y por mucho tiempo. Pero no ha sido así, y un Gobierno minoritario se ve obligado a plantar cara a los problemas, a veces acertando y otras errando, haciendo de la negociación virtud, porque cada decisión que ha tenido que tomar, queriendo o motivada por las circunstancias, ha exigido consensos con los partidos minoritarios que le apoyan desde el Parlamento y con Podemos su socio de gobierno, porque el resto del arco parlamentario, salvo en escasas ocasiones, está siempre en contra.
Resulta muy difícil de entender determinadas intervenciones en las que se deslegitima la acción de Gobierno porque viene avalada por los votos de grupos parlamentarios de partidos legalmente reconocidos y que representan a millones de españoles. Mal camino es condenar las ideas, porque se empieza por ahí y ya se sabe al final como se termina.
A diario se puede comprobar el dislate de exigir responsabilidades sobre alguna gestión al gobierno de turno y resulta que en algunos casos es consecuencia derivada de su gestión anterior cuando gobernaba. Si los que critican lo saben hacer tan bien, sea el partido que sea, no se entiende que en las comunidades autónomas que gobiernan, casi todos lo hacen en algún sitio, existan los mismos problemas que están criticando. Ejemplos hay cientos, listas de espera, carencia de médicos y maestros, deficiencias en infraestructuras de todo tipo, transporte y así un largo etcétera.
Son demasiadas veces las que se utiliza a la Justicia para dirimir asuntos que deben de quedarse en la esfera de lo político. Todavía resulta más pernicioso que se utilicen los tribunales para denigrar al adversario con denuncias que resultan archivadas porque no había suficientes argumentos. Y aún peor comprobar que en las andanzas del comisario Villarejo se han enredado personajes del más variado pelaje, desde ministros a políticos de distinto signo, jueces, grandes empresarios, periodistas y todos ellos dispuestos a provocar situaciones de debilidad en sus contrarios con el único fin de sacar partido en beneficio propio y todo a costa de lo que sea, la verdad, la justicia o la integridad de las personas. Vendría bien para retratar a este tipo de personas la letra de la canción que popularizó Victor Manuel Todos tenemos un precio.
Las comunidades autónomas y ayuntamientos no son ajenos a este tipo de comportamientos. Un hecho bien claro lo tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza con La Romareda y el tranvía. El PP que apoyó la decisión de la justicia que paralizó las obras del estadio por una denuncia del PAR, se ha convertido en el mayor defensor de la actual ubicación, como el propio Partido Aragonés, ahora en el Gobierno de Aragón. Entre los argumentos que se están utilizando para mantener el estadio en su actual ubicación aparece la movilidad que facilita el tranvía, a cuya construcción se opuso el PP por tierra, mar y aire. Esta infraestructura ha provocado también la contradicción entre PP y PSOE a la hora de contribuir a su financiación. El Tribunal Supremo condenó al Gobierno de Aragón a pagar al Ayuntamiento de Zaragoza 33,5 millones de euros porque ambos partidos mantuvieron posiciones diferentes en función de la institución que gobernaban. Fue Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza por ZEC, quien judicializó el proceso y la sentencia ha clarificado definitivamente la cuestión.
Las denuncias inútiles contribuyen a saturar los juzgados, siembran el descrédito de inocentes y generan confusión y hartazgo en los ciudadanos que encuentran serias dificultades para desarrollar su vida con normalidad mientras a su alrededor la ejemplaridad en muchos comportamientos públicos y privados está desapareciendo.
Estas conductas tan contradictorias, tan poco serias y las formas en las que muchos medios de comunicación las están presentando, están provocando la desafección de los ciudadanos hacia la política y los políticos; se ve en las encuestas, en la abstención en las citas electorales y en el ambiente enrarecido que está rodeando las relaciones personales de los ciudadanos. Un papel muy importante en esta situación lo están jugando los medios de comunicación, y se lo deberían de hacer mirar porque como dijo Joseph Pulitzer «Con el tiempo, una prensa mercenaria, demagógica, corrupta y cínica crea un público vil como ella misma».
No se sabe si la democracia tiene suficientes herramientas para acabar con estos comportamientos. Pero lo cierto es que o la democracia acaba con ellos o ellos acabarán con la democracia.
Ya sabemos que todo el mundo no puede estar de acuerdo en todo, pero nuestra clase política debe abandonar esos planteamientos de máximos para conseguir acercar posturas y evitar esa cerrazón en defensa de lo propio para no conceder al adversario el más mínimo argumento.
Sus señorías se insultan en el Parlamento. Una gran parte de los medios de comunicación juega con la verdad a la hora de informar. Algunos jueces parece que van a lo de los suyos (no a impartir Justicia). Los grandes grupos empresariales, sobre todo la banca y las energéticas, intentan desligarse de su contribución a las cargas que permitan mantener el sistema de bienestar mientras obtienen beneficios de récord después de ser rescatados (en el caso de la banca) con dinero público que apenas ha devuelto.
Está claro que el gobierno aprovecha para cantar sus logros y vender sus proyectos y la oposición debería hacerlo para opositar y demostrar al pueblo español que debemos estar tranquilos, que si el gobierno no sirve, en la oposición podemos confiar.
Con esa actitud se sienten más fuertes, pero lo que se consigue es trasladar a la calle la intolerancia y la división, provocando el hastío hacia la clase política y una desafección hacia la vida pública que se manifiesta en cada proceso electoral donde la abstención no para de crecer.
