El incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC) muestra en cifras globales la realidad que los ciudadanos experimentan de forma palpable cuando comprueban el ticket de su compra cotidiana, ven la evolución de los precios del menú diario en la restauración o, si son minuciosos, comparan en algunos productos la cantidad que reciben por un precio similar al de hace un año. Un 13,8% de aumento de los precios de los alimentos, entre agosto de 2021 y 2022, es un indicativo que se queda corto ante los incrementos en productos básicos, como harinas y otros cereales (39%), la leche (25,6%) o el aceite (24%), lo que significa que el impacto es doblemente lesivo para las rentas bajas, que han de dedicar la mayoría de los ingresos a necesidades básicas como energía, vivienda y alimentación y, dentro de este capítulo, concentrar su compra en estos productos básicos.
La peor noticia es que en el importe que debe asumir el comprador final no se ha trasladado aún el impacto del encarecimiento de los costes para productores, transformadores y comercializadores (un 40%), parte del cual han absorbido a costa de sus márgenes de beneficio, situación que no puede extenderse indefinidamente. Y, además, no hay garantía de que tengan solución a corto plazo. Las razones detrás de este encarecimiento de los costes de producción están relacionadas con la guerra de Ucrania, pero no todas (incremento del coste de los carburantes, de los fertilizantes y de los piensos, escasez y/o especulación a nivel global en el suministro de trigo y girasol, sequías...).
Ante esta situación, han empezado a ponerse sobre la mesa las primeras propuestas (topar precios de alimentos básicos, pactar con grandes cadenas paquetes de productos esenciales a precio contenido, reducciones de IVA), ninguna de las cuales parece ni fácil ni satisfactoria.
Si en sectores regulados, como los de los carburantes o la generación y comercialización de energía –con pocos operadores en liza y con un peso de los impuestos más elevado, lo que otorga mayor margen de maniobra en sus intervenciones al Estado– las sucesivas medidas ni han sido rápidas, ni fáciles, ni plenamente efectivas, mucho más difícil es presentar soluciones en una realidad que depende de una cadena más compleja.
Pero alguna medida hay que tomar. De nuevo, será necesario discriminar entre aquellas de carácter lineal y las que inciden directamente en quienes el incremento de costes pasa a ser un reto acuciante. Las reducciones del IVA podrían llegar por la vía de ampliar la lista de productos considerados esenciales y sujetos a un tipo impositivo menor. Y cuando estamos hablando de situaciones de emergencia social y alimentaria, las ayudas directas a los más vulnerables han de entrar en acción. En caso de crisis, no debería haber reticencias a utilizar fórmulas de cheques por alimentos. Ni tampoco, llegado el caso, deberían ser esgrimidas de forma electoralista por aquellos que claman por soluciones pero sacan a pasear el fantasma de la cartilla de racionamiento a la mínima ocasión en que se plantean medidas de excepción, ahorro o sobriedad solidaria.
