Alguna todóloga, (de estas y estos que todo lo saben, sobre todo opinan, y que pululan por las tertulias), comentando el caso de la niña que intentó suicidarse tras sufrir acoso en el colegio, asegura que todo se burocratiza queriendo desprestigiar los llamados protocolos. Hacer un protocolo no es burocratizar. En absoluto. Es una manera de establecer procedimientos, de señalar los pasos que hay que dar, las etapas que hay que cubrir, las responsabilidades de cada cual, las acciones a ejecutar en cada fase. El protocolo establecido para luchar contra el acoso escolar no es burocracia. Es un instrumento útil para ser utilizado por todas las partes implicadas. De la misma manera que existen protocolos contra la violencia de género o sobre otras cuestiones, este protocolo es fruto de una reflexión colectiva previa, seguramente de gente experta que aportaron las mejores ideas sobre lo que hay que hacer para prevenir y de lo que hay que hacer cuando el acoso se sospecha o se confirma. Naturalmente que dichos protocolos han de estar en permanente revisión porque se detectan fallos o sencillamente porque la realidad social es cambiante y un protocolo no es la Biblia y ha de estar en permanente revisión. Por tanto en cada caso confirmado los responsables han de analizar cómo ha funcionado el protocolo, si es que se ha activado, y si no, por qué no. La autocrítica ha de ser pues permanente, sistemática si lo que queremos es prevenir y evitar las consecuencias. Pero un protocolo no es una vacuna que evite males mayores. Ya nos gustaría tener la vacuna contra el machismo asesino o contra la falta de educación, de solidaridad y de empatía de los acosadores escolares. En este último caso son los padres los que han de hacer una profunda reflexión sobre como sus hijos pueden perpetrar tales niveles de crueldad como para incitar a una niña como ellos a acabar con su vida. Tiene que haber protocolos que faciliten la convivencia. Y los responsables de activarlos no eludir su responsabilidad.
