Esta semana hemos sabido que Andalucía iba a eliminar el impuesto de patrimonio. Ya saben, política fiscal del PP: el dinero está mejor en manos de los ciudadanos y otra serie de sandeces económicas. La cosa tiene su guasa por varios lados.
En primer lugar y fundamental, este impuesto solo lo pagaban el 0,2% de los andaluces. Este 0,2% son aproximadamente 17.000 andaluces. Por el contrario, 8.400.000 andaluces no tendrán rebaja fiscal alguna. Esta rebaja se estima en 93 millones de euros. Dividan. Los 17.000 andaluces a los que se les suprime el impuesto se ahorrarán una media de 5.500 euros cada uno. Yo en su lugar estaría muy contento. Veamos ahora quiénes son ese 0,2%. El impuesto de patrimonio solo lo pagan aquellas personas que poseen un patrimonio muy elevado. Los andaluces que poseen un casoplón de 300.000 euros y una cuenta corriente con 700.000 euros no se van a ahorrar ni un euro, porque esos eran los mínimos exentos para no pagar el impuesto. El impuesto grava a los que tengan más que estos últimos. Se estima que el patrimonio medio de los que pagaban el impuesto ascendía a 2.700.000 euros. Esos son los que se van a estar contentos.
Imagino que más de uno de ustedes estará indignado con esto, pero se consolará diciendo cosas como con su pan se lo coman, o no querían señoritos, pues toma señoritos. Lamento decirles que están muy equivocados. Andalucía es una región pobre dentro de España y eso hace que reciba trasferencias netas de más de 8.000 millones al año. Dicho en otras palabras, esa rebaja no la están pagando solo el 99,8% de los andaluces. Cuando realice su próxima declaración de la renta piense que una parte de lo que usted y yo vamos a pagar servirá para financiar los 5.500 euros que recibirá cada señorito. Olé, Olé y Olé.
Estas rebajas fiscales son nefastas por varios motivos. En primer lugar, ahondan en la desigualdad al darles más a los que más tienen. En segundo lugar, reducen la calidad de los servicios públicos (piensen que con 93 millones se contratan 2.000 enfermeras). En tercer lugar, favorecen que las rentas altas se escapen de pagar empadronándose en Andalucía y presionan para que otras comunidades también eliminen este impuesto.
Ninguna comunidad que reduce sus impuestos debería poder reclamar un solo euro al gobierno central porque es muy bonito pagar con el dinero de los demás como hacen Moreno y Ayuso.
