El ‘solo sí es sí’, de la ley a la calle

La entrada en vigor, hoy, de la ley de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como ley de solo sí es sí, es la señal palmaria de que hemos avanzado bastante desde aquella primera sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra sobre La manada en la que los jueces no vieron violación donde la víctima –y con ella, centenares de miles de personas que se manifestaron en las calles– sí la veían. Eran tiempos, en 2018, en el que movimiento feminista, con el Metoo todavía fresco, conectó con la sensibilidad y la concienciación de gran parte de la población española. La ley del solo sí es sí, decíamos, demuestra que hemos avanzado en el camino de la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres. Sin embargo, cuesta ver avance alguno después de observar imágenes como las de alumnos de un colegio mayor insultando y amenazando, en actitud coordinada y gregaria, a las alumnas del edificio de enfrente. Más allá de que estemos ante una fantasmada verbal y de que quienes proclamaban tales barbaridades no tuvieran intención de cumplirlas, sí que es una de tantas manifestaciones machistas que perduran en pleno siglo XXI. La misma mentalidad machista que está en el germen de las violencias contra las mujeres.

A pesar de episodios como estos, puede decirse que sí se ha avanzado. El feminismo reclama a las instituciones públicas que tengan una perspectiva de género (que la víctima de una agresión sexual no sea revictimizada durante el juicio, por ejemplo). La ley de garantía integral de la libertad sexual es la respuesta política a esta reclamación, después de una movilización social masiva. La calle exigía cambios y el Gobierno y los legisladores reaccionaron. Con la nueva norma, es agresión todo lo que no cuente con el consentimiento de la otra persona. Ya no cabe preguntar si cerró bien las piernas o si ofreció suficiente resistencia frente al agresor, basta con que no explicitara su aprobación (del no es no al solo sí es sí). Vale la pena destacar el hecho de que se incluya como agravante del delito la sumisión química, un fenómeno que ha generado alarma sobre todo en los ambientes del ocio nocturno. Desde la derecha política y mediática se ha intentado ridiculizar la norma, con afirmaciones como que a partir de ahora hará falta firmar un contrato antes de intimar con alguien y otros bulos. Reacciones típicas desde las trincheras ideológicas. Con todo, la norma puede despertar algunas dudas acerca de la supuesta indefensión de los denunciados, que los juristas aclaran: la presunción de inocencia seguirá primando y habrá que demostrar que hubo agresión. La diferencia es que la víctima no deberá demostrar que es inocente, como a menudo parecía.

La ley incluye otras mejoras, relativas al acompañamiento y atención de las víctimas, y deja de lado aspectos controvertidos como la prostitución. En su conjunto, hay que calificarla como un avance positivo, al menos sobre el papel. Para que el avance sea total y efectivo, falta trasladarla del BOE a la calle. Afortunadamente, las instancias policiales y judiciales van desembarazándose de tics de otras épocas y surgen nuevas especialidades y nuevas maneras de abordar los delitos sexuales. También la sociedad va avanzando en igualdad, aunque trasciendan casos de machismo que, por leves que parezcan, hagan saltar las alarmas de retroceso. Tanto más alarmantes cuanto más jóvenes sean quienes así piensan y actúan.

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