El Estatuto de Autonomía de Aragón cumple este año 40 años de vida y en general podemos considerarlo un ejemplo de éxito colectivo. Lo hemos dicho de manera repetida este año, pero debemos insistir. La interesante exposición organizada por el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel para celebrar el aniversario de nuestra norma básica nos recuerda, como dijo el presidente Javier Lambán en su presentación, que la provincia de Teruel supone «la quintaesencia del éxito del autogobierno».
Hagamos un ejercicio de introspección: pensemos en dónde estábamos en 1982 en cuanto a infraestructuras viarias, educativas o sanitarias. O, sin ir tan lejos, intentemos analizar cómo era la vida hace apenas 20 o 25 años, sin Dinópolis, sin el Aeropuerto de Teruel, sin la Ciudad del Motor, sin el Observatorio Astrofísico de Javalambre. Sin la educación o la sanidad transferidas, sin la más mínima posibilidad de que –como sucede ahora– las escuelas rurales pudieran abrir sus puertas con solo tres alumnos. Con el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) dando sus primeros pasos. Y ahora llega una nueva oportunidad en forma de ayudas para las empresas turolenses.
Hace dos años, el 22 de octubre de 2020, los medios de comunicación se hacían eco de la reunión que mantuvimos en Cuenca los gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Allí pusimos en común la marcha de los trabajos para conseguir que las nuevas Directrices de la Comisión Europea contemplaran la posibilidad de que Teruel, Cuenca y Soria pudieran beneficiarse de una bonificación en los costes laborales. Constatamos que las cosas iban por buen camino, ya que Bruselas, el gran escollo entonces, las veía con buenos ojos. Y seguimos trabajando.
El encuentro en la capital conquense viene bien para ilustrar que la labor realizada hasta conseguir que estas ayudas sean una realidad ha sido larga, compleja y sacrificada, a veces irritante y otras muy satisfactoria. Cambiar la regulación europea no es algo que caiga del cielo: exige un nivel de trabajo, un número de gestiones y una cantidad de tiempo que solo puede constatar quien ha experimentado de cerca esta labor.
Pero ya están aquí. Y es así gracias al esfuerzo de muchos. Empezando el Gobierno de Aragón, que a principios de 2019 descubrió que la provincia de Teruel podía entrar en el esquema previsto para las ayudas regionales de funcionamiento. Eso nos llevó a pedir un informe al Tribunal Aragonés de Defensa de la Competencia que confirmó esta circunstancia.
Desde entonces no hemos dejado de trabajar. Y no a golpe de titular o de tuit, sino principalmente a nivel interno. Reuniéndonos con equipos de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea y más tarde con la propia comisaria, Margrethe Vestager. Encargando un estudio para demostrar la viabilidad de las ayudas. Presentando alegaciones a las Directrices de la Comisión Europea. Pidiendo un informe a una consultora de prestigio para facilitar la aplicación de estas bonificaciones.
Han pasado cerca de cuatro años de aquello. En esas fechas, Teruel Existe –entonces una agrupación que todavía representaba al conjunto de los turolenses– se esmeraba en considerar «perjudiciales» las protecciones medioambientales frente al proyecto de la A-40 –cómo cambia el discurso–, mientras que el PP se limitaba a tratar de poner palos en la rueda a la acción del Gobierno en lo más duro de la pandemia. Ni rastro, ni mención a las ayudas de funcionamiento para Teruel, Cuenca y Soria.
Por supuesto, de la medida no aparecía en noviembre de 2019 ni la más mínima referencia en los programas electorales de ningún partido, más allá de meras ensoñaciones surgidas a posteriori.
Ahora que las tenemos aquí, detengámonos un minuto para congratularnos de la labor bien hecha. Solo un minuto. Y, a partir de ahí, trabajemos para que las ayudas sean mejores, más intensas, más productivas, y para que incluyan a más territorios, como ha reclamado el propio Gobierno de Aragón.
Tenemos el ejemplo de Noruega, donde este tipo de ayudas se aprobó ya en 1975: desde entonces, el sistema ha sido objeto de constantes cambios, con nuevos territorios que se han sumado y bonificaciones más intensas allí donde el problema era mayor. Sigamos este ejemplo en vez de poner sin más continuos palos en las ruedas.
Y, junto a esto, valoremos cuál es el compromiso de cada actor público, quién lleva la iniciativa. Quién se limita a trasladar valoraciones gratuitas y quién, frente a ello, lidera los grandes proyectos de la provincia de Teruel. Quién estranguló las finanzas municipales y quién, por el contrario, ha aprobado una ley que las consolida. Quién despreció el territorio y quién, sin embargo, ha regulado por primera vez beneficios fiscales para los vecinos de las zonas rurales.
Porque, aplicando el conocido dicho periodístico, opinar es gratis –y cómodo–, pero los hechos son sagrados.
