El camino de los Presupuestos

El Gobierno salvó ayer en el Congreso el primer escollo de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, al ser rechazadas las enmiendas a la totalidad que presentaron siete partidos. Gracias al bloque de la investidura (ERC, PNV, EH Bildu y otros minoritarios), Pedro Sánchez encara el último año de la legislatura sin el borrón de ver tumbadas las cuentas a la primera votación. Más allá de lo que significa para la estabilidad del Gobierno de coalición, la luz verde dada ayer a seguir tramitando los Presupuestos es importante por lo que representa poder encarar la actual crisis sin tener que prorrogar las cuentas de 2022. Lo contrario implica reajustar unas partidas de ingresos y gastos para una situación para la que no fueron diseñadas, y una ralentización de los trámites nada deseable. Siempre es preferible gobernar con los presupuestos actualizados.

Pero el camino de estos Presupuestos aún será largo, en lo político y en lo económico, antes de aprobarlos definitivamente en diciembre. Más que nunca, ha llegado la hora de negociar y de convencer. Lo primero –conseguir el sí de los socios habituales para sacar adelante las cuentas– parece más fácil que lo segundo –que estas sean creíbles–, cuando las cifras de ingresos y gastos para 2023 se sustentan en un cuadro macroeconómico mucho más optimista de lo que prevén la mayoría de los organismos, incluida la propia Autoridad Fiscal (Airef). Si ya es aventurado hacer previsiones, aún lo es más hacerlo con la actual inflación y crisis energética, que dependen más de la evolución de la guerra de Ucrania que del margen de actuación de los diferentes gobiernos. Pero estimar un crecimiento económico del 2,1% para el próximo año, como sostiene el Gobierno, cuando la Airef lo sitúa en el 1,5%, el Banco de España en el 1,4% y el FMI en el 1,2%, resta verosimilitud a estos Presupuestos. España podría entrar en recesión técnica este cuarto trimestre de 2022.

Los presupuestos de 2023 han sido definidos como expansivos por el aumento del gasto social. Son claramente positivas las acciones encaminadas a aliviar el peso de la crisis a las capas más débiles de la población (subida de las pensiones en torno al 8,5%, bonificaciones fiscales para las rentas bajas, autónomos y pymes, gratuidad de los abonos de Renfe, etcétera), aunque en otras medidas tributarias, como el nuevo «impuesto de solidaridad» a grandes fortunas puede caer en la simplificación propagandista.

El proyecto de ley de presupuestos debe pasar ahora por el trámite de las enmiendas parciales. Ahí es donde el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos debe negociar (ya ha empezado a hacerlo) con los diferentes grupos para sacar adelante sus cuentas. El revuelo a raíz de las declaraciones (luego matizadas) de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el compromiso del Gobierno de llevar al Congreso una reforma del delito de sedición, da buena muestra de que en estas negociaciones entran en escena varios factores. Esquerra, al igual que el PNV, EH Bildu y demás partidos, harán valer sus votos. Entra dentro del juego parlamentario. Pero más allá del simple intercambio de cromos, estaría bien que se trabajara por que estos presupuestos tuvieran una base creíble para cumplir en la medida de lo posible todas sus promesas.

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