Una de las tareas más complicadas que tiene un político es la de ser alcalde. Tarea difícil a la par que gratificante. El camino recorrido por los ayuntamientos desde 1833 ha sido largo y penoso. Primero, apenas eran meros recaudadores de impuestos: la rústica y la urbana. En la actualidad el ciudadano tiene en el ayuntamiento un referente para cualquier problemática personal, social, cultural, laboral... y un largo etcétera. Muchas veces sin tener las competencias, ni el dinero, tiene que afrontar problemáticas que no le competen. Pero, el ciudadano ve al ayuntamiento como la institución más cercana y asequible. Como puede verse en las placas colocadas en las calles de la ciudad el ayuntamiento tiene que establecer multitud de convenios para sacar adelante la ciudad. Otras veces las instituciones de rango superior intervienen modificando planes e infraestructuras. Por ejemplo colocando el nuevo hospital fuera del área urbana y originando problemas de accesos y de servicios.
La historia democrática de nuestros ayuntamientos comienza en el año 1933 de la siguiente forma: «Por Real Decreto de 10 de noviembre de 1833, la Reina Gobernadora encargó a Javier de Burgos un proyecto de ley sobre Organización de los Ayuntamientos. El Real Decreto iba acompañado de una Instrucción para que los Intendentes recordasen a los Ayuntamientos del Reino que las elecciones, debían estar realizadas antes del día 1 de enero de 1834».
Así pues, en principio y con las salvedades precisas (dictaduras), debemos acordar que el año 1833 es el inicio del municipalismo democrático y contemporáneo.
Por esta razón y tras 190 (ciento noventa) años de funcionamiento sería necesaria una ley o norma que garantizara una suficiente autonomía municipal, dotando a los municipios de un presupuesto adecuado y señalando el conjunto total de competencias que contiene su gobierno. Así como que las nuevas competencias vinieran acompañadas de su correspondiente presupuesto.
