Aragón, históricamente, no ha estado tratado excesivamente bien en cuanto a infraestructuras de comunicación se refiere. Repasando las carreteras de la comunidad, lo más sangrante puede ser que, más de 20 años después, todavía no está acabado el eje carretero norte-sur, la unión entre el Pirineo y el Mediterráneo. Pero también asistimos al retraso en la autovía pirenaica y, por supuesto, en los desdoblamientos de la carretera N-232 (que se ha eternizado por la Ribera Alta, aunque al fin se ha completado, casi, hasta el límite con Navarra) y sobre todo en la parte de El Burgo de Ebro a Alcañiz y la salida al mar, algo que no se sabe ni cuando se completará. La N-2 es el otro capítulo pendiente puesto que a pesar de que la AP-2 ya es gratuita y ha derivado tanto camión como circulaba de Zaragoza a Lérida por la nacional, ahora el inconveniente es la saturación de la autopista que ha quedado obsoleta y que no puede absorber todo el tráfico. De hecho, se han producido más accidentes en los últimos meses y están regresando los siniestros a la N-2 en la medida que hay camioneros que también vuelven a la carretera sobre todo por la falta de servicios para los transportistas (incluso las áreas de servicios son menos asequibles). Estos profesionales exigen más plazas de aparcamiento, al estilo de las que hay en la carretera nacional, y más conexiones con los pueblos, algo a tener en cuenta.
Por todo esto, sería necesario un mayor impulso carretero en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, cuya tramitación está aún en el parlamento. Pero no se atisba ningún empujón económico en esta materia hacia Aragón, porque incluso la carretera que une Madrid con Teruel, tampoco va a ser objeto de mejoras sustanciales.
Pero si esto es en lo referente a nuevas carreteras, lo que hay en las de ámbito autonómico en cuanto a conservación de las ya construidas y en uso es también descorazonador. El propio presidente del Gobierno de Aragón ha dicho que el estado viario es «lamentable» y es necesario intervenir ya porque se trata de un servicio esencial. Por eso, bienvenido sea el plan extraordinario de obras con el que se pretenden invertir 3.000 millones de euros en 24 años en la conservación de la carreteras autonómicas. La DGA prevé actuar en el 30% de la red autonómica, en más de 1.700 kilómetros por medio de un innovador sistema de colaboración público-privada. Las empresas que participen deberán ejecutar una inversión inicial en 30 meses y conservarlas el resto. Un importante paso que da Aragón, aunque todo el mundo lo ve insuficiente.
