CGPJ, el desbloqueo pendiente
Tanto el Gobierno como el PP se han mostrado satisfechos de la renovación del Tribunal Constitucional (TC), señal de que la solución ha tenido un resultado equilibrado, aunque por procedimientos distintos a los habituales y tras un bloqueo de seis meses por parte de ocho magistrados elegidos por el PP. No han sido los procedimientos habituales porque normalmente cada sector del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) proponía un candidato: los conservadores a un conservador y los progresistas a un progresista. Esta vez los conservadores han propuesto a los dos candidatos, César Tolosa, presidente de la Sala Tercera del Supremo, al que se considera adscrito a este sector, y a la representante del progresista, la expresidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo María Luisa Segoviano, que ellos han considerado aceptable. Para que el pleno aprobara los nombramientos, y por unanimidad, el sector progresista renunció a su candidato preferido, José Manuel Bandrés, magistrado de la Sala Tercera del Supremo, y aceptó la propuesta de Tolosa y Segoviano. Fue una sorpresa, incluso para los conservadores, que habían solicitado el pleno probablemente con la intención de que el bloqueo continuara. La cesión de los progresistas permitió, sin embargo, que se pusiera fin al bloqueo y que el TC tenga una mayoría progresista de 7 a 4 (7 a 5, y seguramente para los próximos nueve años, cuando se cubra la vacante por motivos de salud de Alfredo Montoya).
El cambio de mayoría, que era lo que el PP y sus magistrados afines en el CGPJ querían impedir, es muy importante porque será el nuevo tribunal el que tendrá que decidir sobre leyes tan relevantes como la del aborto, pendiente de resolver el recurso del PP desde hace 12 años; la de Educación, la de la eutanasia, la ley del Parlament para evitar el 25% de castellano en las escuelas y la reforma laboral, entre otras.
Pese a que el PP, en un comunicado, considera el pacto «una buena noticia», no se conforma con la cesión de los magistrados progresistas y pide al Gobierno que reemplace a sus candidatos ya nombrados, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática y exdirectora general en la Moncloa Laura Díez. Esta petición es un brindis al sol, porque no va a prosperar, pero muestra la insaciabilidad del PP. Aunque la actitud del presidente del TC, Pedro González-Trevijano, haya sido cuestionable en su pulso con el Parlamento, una vez que el bloqueo en el CGPJ se ha roto, la solución ha sido inmediata. Está claro, pues, que el problema de fondo está allí –en la obstrucción permanente del PP, y de los magistrados nombrados por el partido, para que el organismo sea renovado– y no tanto en el TC, que ha aplazado resoluciones clave que podrían haberse adoptado con la mayoría conservadora. Por lo tanto, la distorsión más grave sigue sin solución, y no parece que el PP esté dispuesto a encontrarla si hacemos caso de las nuevas excusas –dependencia del Gobierno de ERC y Bildu– puestas por el vicesecretario Esteban González Pons.
Si el PP persiste en su bloqueo del CGPJ, el Gobierno estará autorizado a buscar soluciones, como ya había intentado. Pero ninguna es fácil. La mayoría de tres quintos para la elección fue definida para evitar un rodillo de la mayoría parlamentaria: de rebajarse para salvar ese bloqueo, ¿qué haría el PP con una hipotética mayoría, a la vista de su desleal actuación hasta ahora desde la oposición? Pasar a la elección de los jueces por los jueces en un país con la justicia contaminada políticamente solo perpetuaría el sesgo conservador de la judicatura. Por eso, es preferible que el CGPJ responda a la mayoría social expresada en las urnas, con intervención de las Cortes en la elección de sus componentes, y no dependa del corporativismo de colectivos enquistados.
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