TERCERA PÁGINA

Ribera y el Maestrazgo

Los espacios naturales de la comarca deberían ser sagrados para todos

Gonzalo Tena Gómez

En Bután tienen un Ministerio de la Felicidad. Miteco de Siracusa fue un cocinero famoso del siglo V antes de Cristo. En los últimos años, aquí, algunos ministerios y consejerías autonómicas ostentan largos nombres cargados de sintagmas grandilocuentes. Es el caso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), encabezado por la jurista Teresa Ribera Rodríguez (¿es indispensable ser insensible para ser jurista?). En 2009 Ribera, como secretaria de Estado de Cambio Climático, firmó la Declaración de Impacto Ambiental favorable del proyecto Castor, un almacén submarino y subterráneo de gas que generó seísmos en Vinaroz y otras poblaciones costeras y acabó con la imputación de 18 técnicos del Instituto Geológico y Minero de España y ninguna de cargos políticos.

En 2014, asumió la dirección del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), que dedica atención a la protección de la biodiversidad entre otras cuestiones. En 2021, ya como ministra, entre otras iniciativas, «elaboró un plan estratégico de transición justa para acompañar a los sectores más vulnerables a este proceso de cambio hacia un modelo de desarrollo descarbonizado» (Wikipedia). Como novedad, el Miteco exime del Estudio de Impacto Ambiental a los proyectos en zonas no protegidas.

A la vista de sus decisiones recientes, que afectan gravemente a nuestro Maestrazgo, y van precisamente en la línea contraria a la protección de la biodiversidad (pobre flora autóctona y pobres águila real y perdicera, quebrantahuesos, rocín, milano, alimoche, aguilucho, chova, murciélagos...) dentro de un malévolo plan estratégico para acompañar a los sectores más vulnerables (en este caso agricultura, ganadería y turismo) a la mierda, proponemos modificar el rótulo aludido por el de «Ministerio para la Desaparición de la Biodiversidad y Barrida Demográfica en el Medio Rural» (Midebiobademeru, que puede abreviarse en Midebi).

Exponemos la situación: en el parque Cultural del Maestrazgo, que también es Geoparque, (The Maestrazgo Cultural Park Unesco Global Geopark), Forestalia –mira que suena bien–, la empresa aragonesa con sede en Madrid, presidida por Fernando Samper (ya con la autorización del ministerio de Ribera Rodríguez desde el 22 de diciembre pasado), pretende que se instalen 20 centrales eólicas que dispersan 125 aerogeneradores de 200 metros de altura, y 168 kilómetros de líneas de alta tensión, que tendrán continuidad hasta Morella.

La afección visual negativa a los pintorescos pueblos próximos está garantizada. En el lote de la autorización ministerial se incluye el acondicionamiento de accesos (103 kilómetros de nuevas pistas y el de 175 kilómetros de las ya existentes, con sus enormes movimientos de tierra y materiales de relleno) para transportes especiales, que sumarán su impacto ambiental y paisajístico al de los molinos y las torres.

De los citados 168 kilómetros de líneas de evacuación, 63, y de los 125 gigantes aspados aniquiladores de fauna voladora, 84, se van a ubicar –si no lo impedimos– en Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y en Zonas de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 (¡Ribera había anunciado su blindaje!).

Estos espacios naturales para el ingeniero Carlos Casas y también para nosotros deberían ser sagrados. Para mas inri ministerial, la instalación está proyectada en zonas no «recomendadas para el aprovechamiento eólico» por el propio Miteco.

Cuando se vulneran los derechos de la ciudadanía en la tramitación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), ignorando el convenio de Aarhus, aquí no pasa nada. Se habrá de demostrar que este disparatado clúster Maestrazgo cumple todas las directivas europeas y la normativa estatal y autonómica antes de que las macrocentrales invadan el territorio.

Ante el hecho de que España es la principal infractora de las normas ambientales de la UE, proponemos también sustituir la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) por la DIP (Declaración de Impacto Político), así como introducir el concepto jurídico de «Interés público según para quien».

¡Renovables sí, pero no así!

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