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Editorial

La sanidad pública exige un acuerdo integral

El acuerdo alcanzado entre dos de los sindicatos médicos (Cesm y Fasamet) de Atención Primaria y el Gobierno de Aragón ha permitido frenar la huelga convocada para los días 23 y 24 de enero. El pacto de no agresión firmado entre ambas partes permite a la DGA eliminar una de las amenazas que más preocupaba al Ejecutivo de Lambán y certifica la capacidad de persuasión que los profesionales sanitarios tienen para presionar a la Administración autonómica, ya que todas sus reivindicaciones se han visto satisfechas. Además, la negociación se ha producido en un escenario de elevada conflictividad laboral en el seno del sector sanitario en buena parte de las comunidades autónomas con Madrid como el gran epicentro de las protestas. Aragón logra, por tanto, salirse de esa foto tan incómoda.

El pacto, sin embargo, tendrá un coste que rondará los ocho millones de euros anuales, que servirán para ampliar plantillas, mejorar la gestión de los recursos y permitir aliviar la carga asistencial de los profesionales. Entre las medidas consensuadas destaca, además del aumento del presupuesto (un 25% en los próximos cuatro años), la creación de una gerencia de Atención Primaria, la limitación de las agendas médicas a 35 pacientes por facultativo (28 en el caso de los pediatras) y la posibilidad de abrir por la tarde las consultas de los centros de salud cuando la demora sea superior a esas cifras tres días seguidos.

De esta forma, la DGA tendrá que elevar el coste en Atención Primaria, que se sustanciará en horas extraordinarias para los profesionales que trabajen por la tarde, el pago de 200 euros al mes a los médicos tutores, pluses por suplencias y retribuciones para cubrir jornadas de Atención Continuada. Además, se ampliarán plantillas de los centros cuando las tarjetas sanitarias superen las 1.600 por médico y mil por pediatra. Cualquier inversión en sanidad resulta necesaria, más tras una pandemia que ha dejado tambaleando sus cimientos. Pero ese esfuerzo también ha de realizarse en mejorar la gestión del sistema, buscando mayor eficiencia en el uso de los recursos.

No obstante, las medidas pactadas deberán aprobarse en una mesa sectorial prevista para mediados del próximo mes de febrero y en la que estarán representados el resto de sindicatos, algunos de los cuales ya han mostrado reticencias al documento. Por tanto, sería conveniente que el futuro de la sanidad pública se abordase de forma integral y definitiva, más allá de intereses electorales y corporativos porque se corre el riesgo de que sean tan solo parches.

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