Una sanidad pública en situación crítica

Ingenuos pensamos que los problemas de la sanidad pública eran por el covid. Mas, no. Se ha reducido su incidencia y la verdad desagradable asoma: urgencias desbordadas –no es excusa la gripe, ya que era previsible–, falta de personal sanitario, insuficiencia de camas hospitalarias, insoportables listas de espera en especialistas y en operaciones quirúrgicas, saturación en los Puntos de Atención Continuada, retrasos en atención primaria…

Todos los partidos que han gobernado en las comunidades autónomas son responsables de esta situación sanitaria, ya que es competencia suya. Unos más que otros. Obviamente las gobernadas por el PP hacen lo que llevan en su ADN. Son coherentes con su ideología neoliberal: privatizar la sanidad pública. Los casos más significativos: Isabel Díaz Ayuso o Luisa Fernanda Rudi. Hagamos una referencia a esta última. En este mismo medio un artículo de Ana Lahoz de 21/11/2014 titulado Sanidad confirma que la lista de espera supera las 26.600 personas en Aragón, señala: «Ricardo Oliván en respuesta parlamentaria al diputado socialista Eduardo Alonso ha confirmado que la demanda quirúrgica en Aragón asciende a 26.658 personas a 31 de octubre de 2014». En otra página del mismo día y en el mismo medio: «Según Marea Blanca, más de 74.5000 aragoneses esperan ser vistos por el especialista. De ellos, casi 40.000 ni siquiera han sido citados». Y para corregir este problema Rudi aprobó el «Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Salud», que adelantó la edad de jubilación de los 70 años a los 65, afectando a unos 500 facultativos y que al ser anulado en 2018 por el Tribunal Supremo la DGA ha tenido que indemnizarlos, lo que ha supuesto un costo de unos 50 millones de euros.

No parece coherente que gobernantes autonómicos socialistas –en teoría defensores de lo público– no corrijan los brutales recortes del PP. Lo tienen complicado al reducir impuestos de patrimonio, sucesiones o donaciones, lo que supone hacer regalos a unos pocos para perjudicar a la gran mayoría. Y con menos ingresos, menos servicios públicos. Es de cajón. Por ello, una atención deficiente en la sanidad pública, y quien puede recurre a la privada. En este medio el pasado 6 de enero, Ana Lahoz publicaba el artículo titulado Los seguros de salud en Aragón alcanzan su cifra récord en 11 años, destacando que «son más de 300.000 personas con pólizas de servicios en 2021, casi el 23% de la población y 71.678 aragoneses más que en 2011, cuando eran 229.594». Además hace ya tiempo que se externalizan prestaciones de la pública a la privada: análisis, radiografías... La DGA acaba de suscribir con la MAZ un convenio para reducir las listas de espera quirúrgicas. Muchos desearíamos hacernos una radiografía en el Servet o en el Clínico, y que nuestros impuestos no sean negocio de fondos de inversión, ya que la sanidad es un derecho, no una mercancía. Un recuerdo. Según Joan Baldoví: «Cuando todo esto pase, que todos estos aplausos que resuenan hoy en los balcones se conviertan en un refuerzo para nuestra sanidad pública, en denuncias cada vez que alguien tenga la tentación de privatizar un cachito de nuestro Estado del bienestar...»

Todos los dirigentes autonómicos manipulan las estadísticas, para eso están los asesores. «Tenemos más médicos por 1.000 habitantes». «Somos los que más hemos aumentado el presupuesto sanitario con un 13%» –¿De ese aumento cuánto va a parar a conciertos con la privada?–. «Somos los segundos con menos listas de espera…» ¿Y qué? Al ciudadano aragonés o cántabro no le consuelan esas cifras, en el caso que sean mejores que las de Madrid o Cataluña. Esto me recuerda el refrán, «mal de muchos, consuelo de tontos».

El pasado 9 de enero en La Rebotica en Radio Zaragoza Javier Lambán, tras mostrar su gran preocupación por la sanidad pública, anunció que el próximo día 23 iba a presentar una propuesta frente a la crisis de la sanidad, para su sostenibilidad y eficacia y así evitar su colapso y que la trasladaría al resto de las comunidades para su debate. No tengo duda que la tendrán en cuenta Isabel Díaz Ayuso y Pere Aragonès.

Insisto, todos los partidos políticos son culpables de esta crisis sanitaria. No han sido capaces de preverla. No sé si por ineptitud o por dejadez. Tampoco la sociedad ha sido suficientemente reivindicativa para defender lo público, y además ha sucumbido al populismo de la rebaja de impuestos. Quiere servicios públicos suecos con impuestos subsaharianos.

Existe el mantra de que faltan médicos. No faltan. Es que se van muchos. En los últimos 10 años, miles de médicos españoles –somos el país después de Corea del Sur con más médicos formados en cifras relativas, formación que cuesta como media unos 90.000 euros– se han marchado atraídos por mejores sueldos y por la estabilidad (en España un tercio no tiene plaza fija), y por las agendas cada vez más saturadas o las jornadas laborales extenuantes. Un éxodo que repercute en la atención primaria: faltan 6.000 médicos de familia, sobre todo en zonas rurales. Déficit que amenaza a otras especialidades, ya que 80.000 profesionales se jubilarán en una década y con el agravante de una población más envejecida. La solución es muy fácil. Contraten y paguen bien, y no se irán. Por ende, en las elecciones autonómicas se debería votar la gestión de sus dirigentes autonómicos y no el tamaño de la bandera.

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