Demócratas circunstanciales

Hay una distinción fundamental entre lo que es la democracia instrumental y la democracia sustancial. La democracia instrumental es la que utilizan determinadas opciones políticas e ideológicas que no creen en la democracia y que simplemente les sirve para alcanzar unos objetivos determinados, en ocasiones claramente antidemocráticos como hemos visto recientemente. La democracia sustancial exige el compromiso y el conocimiento de que la democracia es el sistema fundamental para organizar políticamente una sociedad. La democracia sustancial constituye un fin en sí misma y cualquier actuación debe ir a proteger el sistema democrático. Hoy en día, las llamadas opciones iliberales y populistas son los principales agentes actuantes contra la democracia sustancial.

La democracia instrumental suele conllevar actitudes que deterioran ese sistema democrático y suponen un peligro para la propia existencia de la democracia. Para destruir un sistema democrático se empieza con procesos deslegitimadores de las instituciones. Hay muchas formas de deslegitimarlas. Puede ser por declaraciones expresas como las que se oyen aludiendo a unas supuestas deficiencias y cesiones de derechos del llamado Régimen de 78. Ocurre también con determinadas prácticas que impiden el normal funcionamiento de las instituciones, por más que se declare el respeto y apoyo a las leyes, la Constitución y lo que haga falta. Pero hay muchas otras formas, aparentemente inocuas, de deslegitimar las instituciones. Por ejemplo, incumpliendo las normas en la forma y en el fondo, como en el caso de los presupuestos de las administraciones públicas, que deben aprobarse en diciembre, aunque quepan las prórrogas. Estas pueden ser necesarias en determinados momentos, en algunas coyunturas. Sin embargo, en muchas ocasiones la aprobación de los presupuestos en fecha constituye más la excepción que la regla. Se ha podido pasar casi una legislatura con presupuestos prorrogados. Tenemos casos recientes en Cataluña o en Madrid.

También se deslegitiman las instituciones retorciendo las leyes de la misma manera que algunos economistas torturan las estadísticas y los números, para que las cifras canten lo que ellos quieren que digan. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional paralizando actuaciones de las cámaras legislativas, Congreso y Senado es un sinsentido constitucional. Independientemente de que haya algún resquicio jurídico que dé pie a que el presidente saliente del citado tribunal justifique jurídicamente que un órgano institucional se pueda situar por encima de la voluntad popular expresada en las urnas, desde un mínimo sentido del funcionamiento de la democracia representativa, rompe todo su espíritu. El independentismo es otro claro ejemplo para el que la democracia es un mero instrumento que no dudan en violar para alcanzar sus fines.

También constituye una forma de deslegitimar las instituciones cuando se incumplen normas cuyo incumplimiento no está penado por la ley, aunque no esté considerado una falta o un delito. Es el caso de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial por parte de un partido que en ocasiones bordea lo iliberal. El comportamiento del sector conservador de los jueces, constituido en esta ocasión como un poder autónomo, nos debe hacer reflexionar acerca de esas demandas sobre la elección de ese órgano de gobierno. El sistema actual se acerca más a la sociología política y los valores de la sociedad en cada momento. Además, a los malos gestores políticos se les puede echar en unas elecciones, responden a la voluntad popular. Los que han sacado una oposición de juez, están hasta que se jubilan y responden solo de sí mismos. Y los casos de constituirse en un poder autónomo, haberlos haylos.

Ya hemos visto algunos caminos por donde transita la democracia instrumental. El procés, Trump y Bolsonaro, son casos recientes.

Todas estas actuaciones de deslegitimación institucional en última instancia pueden terminar en sucesos de insubordinación y de rebelión contra los poderes establecidos. Unos siembran dudas, otros las airean, los siguientes gritan y los más hiperventilados asaltan las instituciones. Aquí tuvimos aquellas declaraciones de Arenas y Gallardón en 1993, caras amables de la derecha hablando de pucherazo. Y hoy, toda una legislatura, continúan determinados partidos deslegitimando a un gobierno elegido democráticamente.

En algunos casos, algunos pasos en falso, que no son sino el resultado de que no les han salido las cosas bien, pueden servir de vacunas que permitan fortalecer el sistema democrático. Fue el 23-F aquí y, posiblemente, el más reciente en Brasil. Pero estas vacunas no surtirán efecto si no se acompañan de determinados tratamientos penales a los protagonistas. En economía decimos que a coste cero, demanda ilimitada. Se podría pensar que hay causas estructurales que devienen en estos comportamientos iliberales y antidemocráticos, pero si las hay, como podría ser la desigualdad, no son precisamente los más perjudicados los que se movilizan.

En todos los casos citados la democracia ha sido más fuerte que sus enemigos, pero no estaría de más pensar en cómo se dota de instrumentos de defensa más allá del mero debate de ideas, planes, proyectos y bondades del sistema. Los tratamientos con argumentos disuasorios no son eficaces cuando el fanatismo alcanza determinados niveles.

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