Enmendar la ley del ‘solo sí es sí’

El enfrentamiento larvado que mantenían el PSOE y Unidas Podemos (UP) sobre la necesidad de enmendar los efectos no deseados de la ley del solo sí es sí estalló el lunes consagrando la enésima crisis en el Gobierno de coalición. Hasta tal punto que el intento de restañarla llegó al cabo de pocas horas. Ante la evidencia de que la interpretación de la ley por parte de algunos jueces ha llevado a la rebaja de penas de más de 270 agresores sexuales y la excarcelación de una veintena de ellos, y la férrea negativa de Podemos a modificar la medida estrella del Ministerio de Igualdad, el PSOE anunció que presentaría una proposición de ley para corregir la norma. Y finalmente, UP ha asumido que añadir nuevas medidas, necesarias para mejorar la persecución de los delitos y la protección de las víctimas, no basta.

El órdago socialista ha hecho que los morados se movieran de su postura inicial, el rechazo a tocar una sola coma del texto y proponer medidas alternativas como doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer, reforzar la fiscalía, garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas, dar formación especializada al personal de la Administración de Justicia e Interior o conceder ayudas a las víctimas. Medidas que el PSOE respalda, pero que no resuelven las disfunciones creadas por la ley.

Superada esta negativa, la intención es llegar a un acuerdo entre los dos socios del Gobierno antes de presentar la proposición. Es decir, aplicar una medida fruto de la transacción, como corresponde frente a las lógicas discrepancias en un Gobierno de coalición y como ocurrió con buenos resultados en la reforma laboral. Es cierto que algunos jueces –no todos– están interpretando la ley en sentido contrario a lo quería el legislador, pero este hecho no da la razón a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que les ha apuntado como únicos culpables de las indeseadas rebajas de penas. Si la norma es susceptible de tan diversas interpretaciones, es evidente que tiene defectos técnicos. Modificar la ley para evitar esas interpretaciones no deseadas no quiere decir descafeinarla, sino garantizar que tenga los efectos que se perseguían.

Superadas las resistencias a admitir el error cometido y la escasa capacidad de autocrítica, aún quedan escollos. Existe consenso en que el consentimiento se mantenga como centro de la ley, sin tener que demostrar que hubo violencia. Sin embargo, una de las fórmulas propuestas por el Ministerio de Justicia para paliar las rebajas que podrían producirse en el futuro --aumentar las penas mínimas y agravarlas en caso de violencia-- corre el peligro de reincidir en la injusta presión que recaía sobre la mujer agredida.

El consentimiento debe seguir siendo el puntal de la ley sin volver a la situación anterior. La técnica legislativa debe afinarse para hacerlo posible. Exactamente el punto en el que nos encontrábamos hace semanas, durante las que se ha sucedido un espectáculo muy poco serio que ha dañado la imagen del Ejecutivo. Y lo que es peor, con consecuencias que suponen un agravio injustificable para las víctimas.

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