El empleo y la subida del SMI
Cuando una noticia es previsible, su interpretación viene del lado de los detalles. Es lo que ocurre con los datos de empleo. Antes de que se hicieran públicas ayer las cifras del paro registrado y de afiliados a la Seguridad Social de enero ya se sabía que estas no iban a ser buenas, porque a principios de año casi nunca lo son, al coincidir con el final de la campaña navideña y de rebajas. La clave está en descifrar cuánto de malas son dichas cifras y la tendencia que pueden tener. En enero, el paro subió en 70.744 personas respecto al mes anterior en España, y también se incrementó la destrucción de empleo (215.047 ocupados menos). En términos generales, el panorama no es peor al de la última recesión, y el Gobierno destaca que los datos desestacionalizados son incluso positivos. Y aún hay un elemento más favorable, producto de la reforma laboral que ya lleva un año en vigor: la estabilidad sigue aumentando. Los nuevos contratos indefinidos suponen un 45% del total (de los cuales, un tercio son fijos discontinuos). Podría afirmarse, por tanto, que el empleo está resistiendo de momento el gran embate de la guerra y la inflación.
La tendencia de los próximos meses, sin embargo, sigue sin estar clara. La incertidumbre que envuelve la economía desde la invasión de Ucrania y la crisis energética no se ha disipado y la última subida de los tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) invita a pensar que la inflación seguirá siendo objeto de preocupación. Precisamente para paliar el efecto del incremento de precios en los trabajadores más vulnerables, el Gobierno anunció esta semana una subida del salario mínimo interprofesional (SMI), de 1.000 a 1.080 euros brutos en 14 pagas. Una subida pactada con los sindicatos, pero sin la patronal, como ya ocurrió con la anterior. El SMI es relevante no solo para los que lo cobran directamente (unos 2,5 millones de trabajadores), sino también porque se usa como referencia en algunos convenios. El golpe de efecto de Pedro Sánchez anunciándolo en el Senado, el mismo día del cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es indiscutible.
Los trabajadores que menos cobran son los que más sufren la pérdida del poder adquisitivo y otros países europeos también han aprobado incrementar el SMI. Además, la anterior subida de 2022, en contra de los peores vaticinios, no perjudicó a la creación de empleo. Pero la situación actual no es la misma, porque aunque la economía española logró cerrar 2022 con un crecimiento superior al 5%, las previsiones para 2023 apuntan a un frenazo considerable (el FMI lo sitúa en el 1,1%). Las empresas que no han podido repercutir en sus ventas la subida de precios se han visto perjudicadas por la inflación igual que el resto de la ciudadanía, y una subida del SMI supone un incremento adicional de los costes laborales que puede tensionar las cuentas de los pequeños y medianos empresarios. A lo que se suma el efecto de la subida de tipos, que encarecerá la financiación para todos: estados, particulares –lo vemos con el euríbor– y también empresas. Y aún habrá que estar pendiente del riesgo que puede comportar una subida salarial en época inflacionista, que es el de que aumenten todavía más los precios, en un círculo vicioso. La fortaleza del mercado laboral se comprobará en la capacidad de resistir todas estas amenazas.
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