La depuradora de la Cartuja no funciona bien

Las dudas sobre la gestión y el funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de La Cartuja son tan antiguas como la propia instalación sobre la que antes de su inauguración en 1993 ya flotaba la espuma de la corrupción. Existe una abundante hemeroteca salpicada de sospechas insatisfechas. Estamos hablando de una depuradora que la ciudad acabó de pagar en 2013. Unos 250 millones de euros sin apoyo de otras administraciones y que ahora, si la virgen del Pilar no obra un milagro para que el Ebro deje de guardar silencio, está como para construir otra nueva.

Ya en 2005, un informe de CCOO denunciaba deficiencias muy graves en las instalaciones y, a tenor de las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en la tramitación del nuevo permiso de vertido al dominio público hidráulico, parece desprenderse que las inversiones en renovación que se han ido haciendo no han dado el resultado apetecido. La depuración de las aguas de Zaragoza está muy lejos de ser ejemplar.

La EDAR tiene una capacidad de depuración superior a la población a la que sirve pero no es capaz de depurar todos los vertidos industriales que provienen del polígono de Malpica, como los sulfatos de Industrias Químicas del Ebro. Además, a causa del diseño de los colectores, en régimen de avenida, cuando el nivel del río alcanza 2,3 metros de altura, tal como manifiesta la CHE, los vertidos de la margen izquierda no pueden alcanzar la EDAR y se vierten al cauce sin depurar. A estas 150.000 personas habría que añadir otras 1.000 de la zona de Peñaflor que vierten directamente al Gállego. Ello explica que los datos de la estación de Pina sean tan desfavorables para el padre Ebro que, además de sufrir una gran demanda de agua en su cuenca, contempla como los retornos de su uso contaminan uno de los corredores de biodiversidad más importantes de la Península Ibérica y ponen en peligro la salud de los habitantes que viven y beben aguas abajo.

A este respecto, convendría saber que el Índice de Explotación del Agua+ (por sus siglas en inglés: WEI+) es el porcentaje del total de agua dulce utilizada en comparación con los recursos renovables disponibles. Definido este parámetro por la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), se determina que valores de WEI+ mayores de 20% indican presiones apreciables que no conviene superar. Pues bien, el Plan Hidrológico recientemente aprobado que bendice un crecimiento irresponsable del regadío, computa un WEI+ del 41%, para una parte significativa de los sistemas de explotación de la demarcación. En resumen, al Ebro se le saca más agua de la que se debería y se le vierten más contaminantes de los deseables, con lo cual, no hay que ser un sabio para intuir el grave daño que se le está causando, en el que es determinante que la depuración de Zaragoza sea eficaz. En este momento, cerca ya del fin de la concesión administrativa de la multinacional Veolia, la espuma de las dudas sobre las instalaciones necesarias y sobre los costes de la depuración que deberán asumir los zaragozanos ante las previsibles obras pendientes, sigue flotando sobre las aguas del Ebro. No sabemos a ciencia cierta, si la EDAR de La Cartuja tiene posible arreglo o si habrá que acometer una (o dos) nueva instalación que asegure un vertido final al Ebro, aceptable para la normativa en vigor y positivo para el medio ambiente y las poblaciones ribereñas. Frente a eso el consistorio zaragozano utiliza el silencio como argumentario en el debate y la participación ciudadana. El mismo silencio que impone la concejala Patricia Cavero en la Comisión del Agua del Consejo Sectorial de Medio Ambiente que debería reunirse una vez al año.

La opinión pública es poco consciente de que las irregularidades en la depuración de las aguas en Zaragoza se inician en los tiempos de la consejería de Alfredo Boné (gobierno PSOE/PAR), continuaron con Modesto Lobón, (gobierno PP/PAR) y siguen con Joaquín Olona (gobierno PSOE/PAR/Podemos/CHA) que bendice un pasado en el que Zaragoza se las tendrá que arreglar sola.

El Ayuntamiento de Zaragoza sabe que los contribuyentes de la ciudad pagan 16,5 millones al año en concepto de ICA/IMAR de los que reclama una parte para atender sus graves necesidades de depuración. Aunque no era exactamente eso lo que decía la RAPA, que era más exigente a la hora de considerar el tratamiento del ICA en Zaragoza, sí que señalaba que los vecinos de Zaragoza no podían sostener el gran déficit de la depuración en Aragón teniendo que asumir además por sí solos, sus propias necesidades en esta materia. La RAPA reclamaba que Zaragoza hiciera valer su independencia y autonomía en algo que es de competencia propia y después, colaborar de forma solidaria con las necesidades de depuración del resto de Aragón hasta alcanzar un coste por el servicio similar al resto de España. Los grandes partidos han querido manejar las soluciones sin atender a esa autonomía y queriendo salvar el papel hecho por el PAR a nivel autonómico durante estos años.

En 2013 se decía que, si no se tomaban las decisiones adecuadas, en 2024 en vez de una depuradora útil se podría recibir una ruina. Y por eso estos colectivos han mantenido una política propositiva por la gestión pública y eficiente tanto del abastecimiento como del saneamiento del agua y han acudido al ayuntamiento de la ciudad no pocas veces, con una argumentación bien fácil de entender: el consistorio debe ser responsable de los impuestos de sus vecinos y gestionarlos dentro de sus competencias para que los costes que asumen las familias y empresas que, por mucho que cambie el nombre, siguen pagando dos veces por el mismo servicio (un tributo al Gobierno de Aragón y una tasa a Ecociudad Zaragoza), se pueda avanzar en un modelo tarifario que permita a Zaragoza hacer frente a sus propias necesidades en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración, aspectos todos ellos en los que se sigue acumulando un creciente déficit inversor.

Las zaragozanas y zaragozanos de este 2023 merecen un servicio de abastecimiento y saneamiento homologable con el de cualquier ciudad de sus características y eso precisa una acción decidida y un auténtico proceso de información y participación en donde la dialéctica de las medias verdades y los intereses partidistas o empresariales no contaminen la convivencia de una ciudad que, no hay que olvidar, se edificó sobre tres ríos.

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