Derechos sensibles

El Periódico de Aragón

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La aprobación de la reforma del aborto y de la ley trans en el Congreso en puertas de las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo da respuesta a reclamaciones sociales pendientes y a la vez controvertidas por su gran calado en la sensibilidad ciudadana. Trece años después de la aprobación de la ley de plazos de José Luis Rodríguez Zapatero, recientemente avalada por el Tribunal Constitucional, el nuevo texto elimina la exigencia del permiso de los progenitores para las jóvenes de 16 y 17 años, así como el calvario de los tres días de reflexión preceptivos para la mujer que lo solicita introducido por el Gobierno de Mariano Rajoy. Con la reforma, se quiere asegurar la prestación en centros públicos y se introducen novedades como el derecho a la baja, bajo supervisión médica, en casos de menstruaciones dolorosas e incapacitantes. Asimismo, contempla los vientres de alquiler como violencia contra la mujer, aunque no se perseguirá a las parejas que recurran a esta posibilidad fuera de España.

Por su parte, la ley trans incluye un importante paquete de medidas en el ámbito administrativo, laboral, educativo y de la salud para los colectivos LGTBI, muchos de los cuales deben ser desplegados por las comunidades autónomas. El foco de atención ahora se ha centrado en las fricciones surgidas al reconocerse, por primera vez, la autodeterminación de género registral que permite cambiar el nombre y sexo en el DNI a cualquier persona mayor de 16 años que lo pida, sin necesidad de tratamiento previo ni de informes médicos ni de permiso de los progenitores o representantes legales. Este último requisito se exige en el tramo de 14 a 16 años y la autorización judicial entre los 12 y los 14.

Pese a las turbulencias de la tramitación entre los socios del Gobierno de coalición, el texto ha salido adelante con un amplio respaldo político, que no obstante ha evidenciado discrepancias internas en el PSOE –la diputada Carmen Calvo, por ejemplo, ha sido sancionada con 600 euros por saltarse la disciplina de partido– y ha ahondado nuevamente la fractura del movimiento feminista a las puertas del 8-M por la disputa en torno al sexo biológico y la identidad de género.

La ley ha puesto igualmente de relieve la fragilidad del alcance de la conquista para estos colectivos en el caso de producirse un giro político porque se trata de derechos susceptibles de ser convertidos en munición electoral. De hecho, mientras en el Gobierno los socios de la coalición pugnan por hacerse con la bandera de la igualdad sin lograr acordar una reforma que tapone la grieta jurídica abierta por la ley del solo sí es sí, el PP ha entrado en la batalla social con la intención de atraerse al votante socialista moderado.

Es la razón por la cual Alberto Núñez Feijóo busca un caladero en áreas hasta ahora patrimonio de la izquierda y, además, de asumir la ley del aborto de Zapatero ha anunciado que, de llegar a La Moncloa, corregirá la actual ley trans, pero defenderá los derechos del colectivo o volverá a las penas máximas contempladas en el código penal para los agresores sexuales, sin por ello modificar lo relativo al consentimiento.

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