Fiscalizar a los ciudadanos

Explica el profesor de derecho constitucional Josu de Miguel que vivimos una mutación de democracias contramayoritarias a contraminoritarias. En esta nueva situación, es lógico que los representantes políticos fiscalicen a los ciudadanos. Un caso pionero se produjo cuando Irene Montero dio los datos personales de una casera. Ahora ya no sorprende que un ministerio señale a periodistas en campañas publicitarias. Eso lo hacía la parte antisistema del gobierno, pero lo único que distingue las declaraciones de la parte antisistema del gobierno de las de la parte prosistema del gobierno es que los antisistema las hacen antes, y quien lo dude que escuche al presidente. El lugar donde esta mutación populista empezó es Cataluña; ya se ha extendido a todo el país. Los socios de referencia del gobierno pueden decir que les da igual la gobernabilidad de España. Se despenaliza su forma preferida de golpe de Estado, para que tengan menos castigo por el que cometieron y menos por el que cometan. Se escribe con ellos una reforma del Código Penal para rebajar la pena por malversación. Una diputada aparta la bandera de España y no pasa nada; dice Gabriel Rufián, indignado por el esforzado policía infiltrado que tuvo relaciones con varias activistas independentistas, que la próxima vez infiltren a alguien en la Zarzuela y el presidente del Gobierno no tiene nada que responder. Los representantes (de algunas ideologías, claro) no es que gocen de inmunidad: están libres del decoro o del respeto. La corrección política no es para los políticos sino para los ciudadanos. La Generalitat de Cataluña expedienta a una enfermera que hizo un vídeo quejándose de tener que superar el C1 de catalán para aprobar unas oposiciones. No solo es que el poder la acose: en un ejercicio de totalitarismo posmoderno, encima presume de ello. Uno escucha curiosos mensajes que gimotean por «el derecho a ser atendido en su lengua» en una comunidad donde la primera lengua materna es el castellano, y donde la inmensa mayoría de las comunicaciones de la instituciones son en catalán. Dejamos que Cataluña sea una pseudodemocracia por inacción del Estado, pero si la degradación avanza también lo hacen otras cosas: se perfecciona el Google Universal Speech Model, que permite el reconocimiento automático instantáneo de más de 100 lenguas habladas. Uno puede dopar idiomas a base de discriminar a los ciudadanos, pero la principal amenaza para las lenguas minoritarias es la combinación de alfabetización y tecnología: es decir, el progreso.

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