EL ARTÍCULO DEL DÍA

La realidad de la prevención de incendios

Hasta la fecha el interés de los Gobiernos ha sido escaso y sólo han aplicado la política del parche

Antonio Albiol Fabregat

Tras sufrir una de las campañas más duras de incendios forestales este pasado verano, y viendo cómo muchos de los pronósticos de los expertos ya han empezado a cumplirse, se ha generado un intenso debate en cuanto a la gestión de la prevención y extinción de los incendios forestales. Hay que resaltar que mucho del debate es porque nos encontramos en año electoral, porque hasta la fecha el interés de los sucesivos gobiernos ha sido escaso, y solo han sabido aplicar la política del parche. Pero claro, tras el verano de desalojos y evacuaciones de poblaciones, donde por desgracia el resultado es conocido por todos, los habitantes de nuestros pueblos han pasado de un estado de frustración a la crispación ante la situación de abandono de nuestros montes y viendo cómo el riesgo de sufrir un incendio, lejos de disminuir, ha aumentado, acercándose cada vez más a nuestros pueblos. Al ser año electoral se ha encendido la alarma en nuestros políticos, que han comenzado a lanzar una campaña mediática sobre las posibles soluciones al problema.

Pero para adoptar soluciones lo primero que debería hacerse es partir de la situación actual. Y la comparación con la media nacional en inversión y medios es claramente desfavorable a nuestra comunidad autónoma.

Así, a pesar de que Aragón es la quinta comunidad autónoma con mayor superficie forestal solo invierte en prevención y extinción una media anual de 2,04 euros por hectárea frente a la media nacional de 21,67 euros. Y mientras en España se destinan 39 euros por hectárea a la gestión forestal, en Aragón apenas llegan a los 15,15.

Tampoco en personal y medios mejoran los datos. Mientras la media nacional es un bombero forestal por cada 1.994 hectáreas, en Aragón le corresponden 3.360. Y por citar un ejemplo, mientras la media española es de un camión autobomba por cada 25.186 hectáreas, en Aragón nos vamos a un camión por cada 67.467.

Por tanto, por muchas soluciones que se busquen será imposible llevarlas a cabo si no se dispone de los recursos adecuados para ejecutarlas. Pero es que, además, de nada sirve elaborar y plasmar en papel grandes planes e ideas si luego no se cumplen.

De hecho, para llevar a cabo los principales objetivos de la prevención frente a los incendios forestales, el Gobierno de Aragón se ha dotado de una legislación propia, o derivada de normativa estatal, para hacer frente a la emergencia o mitigar su riesgo.

Pero, por citar algunos ejemplos, muchos de los apartados recogidos en el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por incendios forestales, aprobado por el Gobierno de Aragón en 2018, siguen sin estar desarrollados e implantados, repercutiendo directamente en la gestión y planificación de la emergencia.

O el Plan de actuación de ámbito local de emergencia por incendio forestal con el que deberían contar las poblaciones que tengan, al menos, un 50% de su término municipal en zona de alto riesgo de incendios, todavía no ha sido desarrollado en ningún municipio de nuestro territorio.

Y por añadir un tercer ejemplo de papel mojado, después de 17 años sigue sin aprobarse ninguno de los planes técnicos de Defensa contra Incendios Forestales, que son una obligación legal (Ley 15/2006 de Montes de Aragón) y constituyen una herramienta de trabajo imprescindible para acometer la planificación de la prevención y la extinción.

Y por último, centrándonos en el origen de los incendios forestales, las estadísticas nos dicen que en 2022 las dos principales causas son las quemas agrícolas en primer lugar y en segundo lugar motores y máquinas. Por ello, el no querer poner restricciones en los días de alerta roja de incendio es no querer ver el problema, porque «para que se produzca el incendio se ha de producir la chispa».

Con todo lo aportado, solo podemos afirmar que el actual Gobierno de Aragón, y su máximo responsable en la materia, ha sido incapaz de desarrollar y gestionar un servicio esencial como es el Servicio de Bomberos Forestales de Aragón. No comprenden que la inversión en prevención es inversión en seguridad y genera economía en los pueblos, sigue sin existir una planificación y una ejecución de trabajos que puedan llevar a una mitigación del grave riesgo actual que corren algunos de nuestros pueblos y de garantizar la seguridad de sus vecinos, dejando al territorio a merced de la suerte y la casuística frente al riesgo de los incendios forestales.

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