Políticas municipales y Policía Local

Se acercan las elecciones municipales y la seguridad en el ámbito municipal es motivo de preocupación por parte de la ciudadanía. Para entender la situación actual de la Policía Local de Zaragoza, habría que revisar, más allá de las promesas, las actuaciones de los gobiernos municipales durante los últimos 20 años. Especialmente en materia de personal, factor fundamental en la prestación del servicio.

En la etapa del gobierno socialista (2003-2015), en una situación económica favorable y sin tasas de reposición, con Pérez Anadón como responsable, y especialmente en el periodo Expo, se llevó a cabo una profunda transformación organizativa. Se incrementó la plantilla hasta superar los 1.300 efectivos, se construyó el cuartel de La Paz y se actualizaron las comunicaciones. Pero lo más destacable fue el consenso alcanzado con el resto de grupos políticos en la reestructuración del servicio. Consenso que se abrió a la participación sindical.

Elena Giner dirigió la Policía Local durante el gobierno en minoría de ZEC (2015-2019), en un contexto económico desfavorable y con tasas de reposición que dificultaban la ampliación de plantillas. En un ambiente de crispación política, sin ningún tipo de acuerdo, se continuó con la mejora de medios técnicos y materiales (adquisición de vehículos y medios informáticos). O la dotación de chalecos de protección que incrementó la seguridad. Pese a la desconfianza inicial generada en el colectivo, hay que destacar la voluntad de diálogo, que permitió alcanzar acuerdos con la mayoría de la representación sindical en materia de calendarios laborales, procedimientos de flexibilidad laboral y ofertas de empleo.

En 2019 PP, C’s y Vox llevan a la Alcaldía al Sr. Azcón, que había desplegado una agresiva oposición al gobierno de ZEC en materia de Policía Local. No faltaron promesas electorales, como la incorporación de 300 nuevos policías, el refuerzo de algunas unidades, inversiones en formación y medios materiales. Todo en un contexto más favorable para la ampliación de las plantillas de este servicio esencial, al ponerse en marcha la cobertura de jubilaciones fruto de la negociación de los sindicatos mayoritarios con el Gobierno de España.

En definitiva, quien en la oposición iba a «salvar» la Policía Local de la gestión anterior, cuatro años después, presenta un balance negativo con un incumplimiento manifiesto de sus compromisos electorales. No se ha incrementado el número de efectivos, dejando una plantilla de 984 efectivos, siendo incapaz de reorganizar el servicio y mantener una estructura heredada del año 2008, pero con 300 efectivos menos. Tampoco se han mejorado los medios técnicos ni la formación. Y lo más grave en el debe del actual alcalde: la ausencia de proyecto, la falta de transparencia en la gestión y la desaparición del diálogo con la representación sindical.

Las víctimas de la mala gestión del gobierno municipal no son exclusivamente los/las policías locales, que ven deterioradas sus condiciones laborales y profesionales por la cronificación de los problemas organizativos y la ausencia de voluntad política para solucionarlos. Sin lugar a duda, los paganos del deterioro del servicio son los ciudadanos. Miremos con lupa lo que dicen, hagamos memoria de lo que hacen y obremos en consecuencia.

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