EL ARTÍCULO DEL DOMINGO

Canal Roya

El proyecto de la unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal está muy en el aire. Los ecologistas lo van a judicializar, la lenta burocracia amenaza el cumplimiento de los plazos que marcan las ayudas europeas y para colmo ha entrado en el debate electoral

Nicolás Espada

Nicolás Espada

Si se busca el nombre de Canal Roya en Google, todo lo que se encuentra son informaciones sobre la unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal, rutas de montaña y descripciones del paraje natural y un sinfín de comentarios, declaraciones, tuits y demás opiniones de conservacionistas, montañeros y científicos hablando de la «barbaridad» que se quiere hacer en este estrecho valle próximo a Canfranc. No aparece ningún empresario de los numerosos que se dice que apoyan este polémico proyecto, grandes y pequeños, ni expertos que digan que las obras que se pretenden realizar no suponen ningún daño al medio ambiente de la zona, ni nada que se le parezca (solo el viernes difundieron una simple nota las asociaciones de empresarios de los valles del Aragón y de Tena). Quizás por eso es acertada la reflexión del presidente aragonés, Javier Lambán, de que ha faltado explicar mejor en qué consiste el proyecto. A lo mejor se acuerda de lo que pasó con Castanesa, que hubo mucha crítica ecologista y de movimientos de izquierda, pero una vez dadas unas buenas explicaciones y las correspondientes visitas a la zona pirenaica el punto de mira cambió. Pero con Canal Roya hay más diferencias.

Uno de los problemas esenciales que ha habido con el proyecto de la unión de estaciones es que no se ha conocido hasta hace tres semanas. Parecía todo ciencia ficción. Nadie (o casi nadie) conocía nada pero todos hablaban, a favor y en contra. Y esto ha tenido consecuencias. Una importante: se ha metido de lleno en el debate electoral del 28M. Eso solamente es achacable al Gobierno cuatripartito. Conocida la oposición de Podemos y CHA a este proyecto, los socios pactaron no airear el asunto hasta el final de la legislatura. De esta manera no había riesgo de que el Gobierno aragonés se agrietara (romperse, nunca se iba a romper) y, además, la postura contraria de ambos partidos les suponía una baza a su favor en estos momentos electorales y tomar así aire ante las críticas de sus bases por tolerar esta polémica unión de estaciones. Pero esta postura ha supuesto un retraso que se puede pagar caro. Desde el año 2021 ha estado el Gobierno durmiendo un proyecto que tiene 26 millones de euros de ayudas de los fondos europeos y ahora hay que actuar deprisa porque la burocracia española es muy prolija para todos estos asuntos. Eso ha hecho que el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, haya solicitado una prórroga para invertir las ayudas en la obra porque teme que no se puedan cumplir los plazos y eso supondría devolver el dinero con intereses (entre el 3% y el 4%) y, además, si la obra ya estaba empezada, pagar al contratista.

Pero hay otro inconveniente. Las organizaciones ecologistas van a presentar, sí o sí, un contencioso administrativo en Europa porque consideran que el proyecto aragonés incumple el fin sostenible que va adherido a estos fondos de ayuda. Algo en lo que coinciden muchos políticos, aunque no lo dicen públicamente. Y con la justicia europea por en medio, el retraso puede ser aún mayor. Es cierto que si están todos los informes necesarios hechos la obra se puede contratar aún estando judicializada, pero el riesgo de paralización y los problemas añadidos que pueden surgir aún serían más grandes. Además, tal como está todo en la actualidad, la duda es si habrá algún funcionario del Inaga que se atreva a firmar un informe con un impacto ambiental positivo en Canal Roya.

Así las cosas, que el proyecto acabe bien y con las ayudas europeas se ve muy complicado. No obstante, si el plan es tan vertebrador como dicen, tan importante para el futuro económico de la zona y tan fundamental para aumentar la riqueza del territorio, sin ayudas europeas Aragón debería asumirlo, evidentemente con fondos públicos pero también privados. Porque hay muchos empresarios, grandes y pequeños, esos que ahora tan apenas se les escucha, que deberían aportar. Y al mismo tiempo, alguien debería de cargar con la mala conciencia que supondría perder 26 millones de euros de dinero de la UE. Porque hay muchas comarcas aragonesas, otras, que estaban esperando pequeñas cantidades de esos fondos para poder realizar algún proyecto turístico que también le supusiera un incentivo territorial y, sin embargo, se quedaron sin nada por la apuesta de la DGA por el esquí. Canal Roya está muy en el aire.