Infancia y adolescencia, las grandes olvidadas
El Informe Anual del Justicia sobre Infancia y Adolescencia en Aragón, entregado ayer al presidente de las Cortes, Javier Sada, supone un importante toque de atención a partidos políticos, instituciones y entidades que deberían sentirse interpelados para mejorar la situación de un colectivo, el de los niños y los jóvenes, que se encuentra entre los más olvidados. Este amplio estudio dibuja una realidad «que inquieta», aseguró el lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández, ya que cada vez hay «menos infancia, más pobre y con más problemas» en la comunidad. Se trata, en definitiva, de una realidad que pasa a menudo desapercibida y que tiene su origen en la crisis económica de 2008, los recortes que laminaron el Estado de bienestar en los años posteriores, el progresivo deterioro del mercado laboral y los efectos de una pandemia que ha agravado las dificultades de las familias con mayor riesgo de exclusión.
El descenso de la natalidad es solo una de las consecuencias de este escenario que ha llevado a Aragón a tener un 30% menos de menores que hace una década y 1.700 respecto a un año atrás, lo que deja la pirámide población con una base cada vez más raquítica. Además, el índice de pobreza ha aumentado un 16% --la tasa se sitúa en el 25%, lo que supone cuatro puntos más que en 2021 aunque está cuatro por debajo de la media nacional-- mientras que el reparto de los servicios que se prestan a los niños resulta cada vez más desequilibrado, denuncia la institución. El problema es que esa pobreza relativa (ingresos en los hogares un 60% por debajo de la media de 10.872 euros) es un punto de partida que se va enquistando y condiciona toda una vida. Esta brecha es más acusada en municipios como Épila, Caspe o Ricla que presentan tasas por encima del 40% frente a María de Huerva o Villanueva de Gállego que registran un 15%.
El reparto desigual de los servicios en el territorio también provoca una atención «irregular» de los niños, lo que dificulta el acceso a derechos básicos como la educación y la sanidad. Por ello, el estudio incide en dotar más recursos a atención psiquiátrica (en el primer trimestre ha habido 173 situaciones de acoso escolar y 405 ideaciones suicidas), reforzar la atención pediátrica y aumentar la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales. El aumento de las quejas en un 20% están vinculadas con las relaciones familiares, la discapacidad y la protección de menores.
Los partidos y las administraciones deben tomar nota de un informe que obliga a actuar de forma transversal para evitar consecuencias, muchas veces, irreparables.
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