Otra visita incómoda del emérito
Pese a la habitual discreción con que se desempeña la Zarzuela cuando se trata de asuntos espinosos, es evidente la incomodidad que causan en la Casa Real las visitas a España del rey emérito, residente desde agosto de 2020 en Abu Dabi y pretendiente también a la residencia fiscal en aquel país. Tras la bochornosa experiencia del pasado año, cuando viajó, al igual que en esta ocasión, para regatear a la localidad pontevedresa de Sanxenxo, el rey Felipe VI mantuvo una conversación de cuatro horas con su padre, que las fuentes conocedoras calificaron de «tensa» y que parecía haber servido para alejar la posibilidad de nuevos viajes. De hecho, tras esa charla canceló los que tenía previstos para 2022. Sin embargo, ha vuelto de nuevo, en jet privado y a navegar en el Bribón, al parecer sin conocimiento previo del monarca en ejercicio y sin contar, por tanto, con su autorización. De modo que desde Zarzuela ni siquiera han tratado de evitar en esta ocasión que trascendiera el malestar por una visita que consideran inoportuna, porque además se produce en vísperas de las elecciones del 28 de mayo.
No es descartable que a la Corona le cueste encontrar en el calendario una fecha propicia para las visitas de Juan Carlos I, consciente de la polémica que causa su presencia aquí y de que al recuperar el foco sobre su figura vuelven también al imaginario colectivo no tanto su contribución a la estabilidad de la democracia española –que la tuvo– como el escándalo que provocó el conocimiento de su fortuna oculta en el extranjero –a la que Felipe VI renunció públicamente– y los delitos que pudiera haber cometido para forjarla y esconderla de la acción del fisco. De hecho, es cierto lo que proclaman quienes aseguran que el rey emérito no tiene causas pendientes con la justicia en España. No las tiene. Pero sería deseable que como mínimo ofreciera explicaciones y pidiera disculpas a la ciudadanía, porque igualmente cierto es que cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó en marzo de 2022 la investigación sobre sus finanzas constató conductas impropias que podrían haber dado lugar a delitos fiscales –tuvo que hacer dos millonarias regularizaciones–, de blanqueo de capitales y de cohecho. Ninguna de esas conductas puede ser juzgada porque unas prescribieron y otras no son perseguibles únicamente por la inviolabilidad que lo mantuvo blindado en todas sus actuaciones hasta 2014, año en el que abdicó en Felipe VI.
Es precisamente su hijo y la institución que encabeza los que resultan más perjudicados por las actividades económicas de Juan Carlos y por su presencia en España. Es resaltable en ese sentido que Felipe VI hiciera coincidir la llegada de su padre a Sanxenxo con un discurso en Ronda en el que recordó que liderar una institución requiere ser un ejemplo y una referencia ética. Fue la ratificación de su empeño por la transparencia y la responsabilidad social de la monarquía y sus representantes. Sería deseable que el rey emérito respaldara la manera que tiene su hijo de entender el ejercicio de su cargo y abandonara la frívola idea de que «al rey no le manda nadie». También lo sería que comprendiera que una parte muy significativa de la sociedad española reprueba su conducta. Y que actuara en consecuencia.
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