Zaragoza, una ciudad en venta

El pasado 2 de abril este medio publicó el artículo de Manuel Arnal, presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, Zaragoza, ciudad cesional y concesional. Vista su importancia para los zaragozanos, me sorprendió que no se hiciese comentario alguno. Por ello, reproduzco las ideas fundamentales, sobre las cuales haré mis propias reflexiones.

Arnal con una gran ironía: «Nuestra Zaragoza además de Ciudad Muy noble, Muy leal. Muy heroica, Siempre heroica, Muy benéfica e Inmortal, habría que añadir el de «Ciudad Cesional y Concesional». «Somos de las pocas grandes ciudades que tenemos grandes concesiones privadas de servicios públicos esenciales, transporte colectivo, limpieza, depuración, parques y jardines, marquesinas, servicio bizi, quioscos en parques y paseos, veladores, terrazas, y un largo etcétera». Y continúa: «Hay nueva moda que se está instaurando por el equipo actual de gobierno municipal que es la de comprometer a la ciudad a decenios y generaciones de «cesión» para su explotación de equipamientos a fondos de inversión foráneos, desde un bien catalogado a la vera del Edificio Pignatelli, caso Pontoneros, al futuro estadio de fútbol de La Romareda con sus aprovechamientos comerciales adosados al mismo, y si no se remedia, se anunció el mismo «tratamiento» para los usos del equipamiento la antigua Giesa, piscina Almozara, vivienda de alquiler municipal, y contentos deberíamos estar porque parece ser que estos fondos inversores y las empresas a las que respaldan, han venido a hacernos un favor, según algunos próceres municipales». ¡Cuánta generosidad!

Nuestro actual Ayuntamiento, presidido por Jorge Azcón, paradigma del liderazgo político –ya contribuyen algunos medios zaragozanos a ello– no engaña a nadie. Es coherente con la ideología neoliberal, para la cual uno de los principios básicos es privatizar todo lo público. Es algo obsesivo. También lo han hecho los ayuntamientos socialistas anteriores. Los objetivos de privatizar según los gurús de la economía: el aumento de la eficiencia, de la competencia en el mercado y mejora de las finanzas públicas. Nos dicen que es mayor su eficiencia, prestando igual o mejor servicio con un menor costo. Numerosos estudios demuestran que al privatizar la prestación de un servicio público hay que pagar, además del coste del mismo, el beneficio del que lo presta. Esto encarecerá su costo, a no ser que la empresa privada tome medidas para rebajarlo, pagando menos a los trabajadores, reduciendo personal, y menos cualificado, o con peores prestaciones, lo que perjudicará su eficiencia. En cuanto a que el aumento de la competencia supondrá un servicio mejor al ciudadano, podemos constatarlo con la privatización de Endesa, Repsol, Telefónica o la banca pública.

Ugo Mattei en su artículo Límite a las privatizaciones. Cómo frenar el saqueo de los bienes comunes, aparecido en Le Monde Diplomatique, plantea la necesidad de proteger la propiedad pública, y más todavía hoy que los gobiernos se deshacen de los servicios públicos y privatizan el patrimonio colectivo para equilibrar los presupuestos; ya que toda privatización decidida por la autoridad pública –representada por el gobierno de turno– priva a cada ciudadano de su cuota de bien común, exactamente como en el caso de una expropiación de un bien privado. Pero con una diferencia sustancial: la tradición constitucional liberal protege al propietario privado del Estado, con la indemnización por expropiación, mientras que ninguna disposición jurídica –y menos aún constitucional– ofrece ninguna protección cuando el Estado neoliberal traslada al sector privado los bienes de la colectividad. Debido a la evolución actual de la relación de fuerzas entre los Estados y las grandes empresas transnacionales, esta asimetría representa un anacronismo jurídico y político. No es nada nuevo advertir que estos procesos de privatización sirvieron frecuentemente para beneficio de los viejos amigos del colegio o de urbanización, para que la corrupción se implantara en nuestra sociedad, además de las puertas giratorias.

Para un alcalde que llega a un ayuntamiento su prioritaria e irrenunciable responsabilidad ha de ser la defensa del patrimonio municipal, acumulado a lo largo de la historia, que es de todos sus vecinos pasados, actuales y futuros. Si se vende o se hipoteca, es una demostración palmaria de incompetencia, al no saberlo gestionar. O de irresponsabilidad por no protegerlo. ¿No es irresponsable hipotecar para 75 años un patrimonio municipal, como La Romareda, sin una consulta a la ciudadanía? ¿No es irresponsable que los impuestos de los zaragozanos sirvan para generar grandes beneficios a fondos de inversión? Además, ¿hay algún límite a este proceso de privatización? ¿Privatizamos también la policía local y los bomberos?

Alguien tan poco sospechoso de afiliación izquierdista como Emilio Romero, ínclito falangista director del diario Pueblo, afirmó que la derecha, para ganar unas elecciones tenía que mentir y la izquierda, sin embargo, no. Simplemente porque la derecha defendía los intereses de doscientas familias y eso no daba votos suficientes. El Ayuntamiento de Azcón defiende los intereses de muchas menos familias, cuyos nombres los zaragozanos deberíamos conocer, ya que es una grave amenaza para el ciudadano, el ser gobernado por poderes ocultos. Y esto acontece cuando el que manda no es el que firma.

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