En defensa de la sanidad pública

La sanidad pública española está en crisis. El esfuerzo realizado durante la pandemia por covid-19 y la retirada de los recursos extraordinarios asignados en su momento, han dejado al descubierto las deficiencias de un sistema que no ha sido atendido suficientemente por las administraciones –en algunos casos de forma consciente– en los últimos años. El resultado es el descontento generalizado del personal sanitario, dificultades para poder prestar una correcta atención primaria, largas listas de espera para las consultas de especialidades…

Pero el problema sanitario va más allá de la falta de personal, de la financiación o de la necesidad de reorganizar los recursos en función de las nuevas necesidades que van apareciendo: hay una estrategia clara de degradar la sanidad pública hasta hacerla meramente asistencial para el sector con menos recursos económicos.

El descontento, la pérdida de prestigio del Sistema Nacional de Salud (SNS), ha sido aprovechado por el Partido Popular para pisar el acelerador de la imposición de su modelo sanitario. Un modelo que fusiona dos principios de su ideología: adelgazar todo lo posible los pilares del Estado del Bienestar y transferir recursos públicos a la empresa privada.

El primero de sus objetivos lo dejó claro, en un acto interno del PP, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero: en su modelo, la Atención Primaria queda reducida a una mera asistencia de enfermería.

En relación con el segundo objetivo, el gobierno de Ayuso, vanguardia en la estrategia de desmantelar el sistema sanitario público, está dispuesto a pagar 730 euros/noche por paciente derivado a la sanidad privada. Eso con un hospital Zendal prácticamente vacío, incluso de personal. Será que lo quieren dejar únicamente para futuras pandemias. El Ayuntamiento de Madrid también ha dado el visto bueno a la construcción de un nuevo hospital privado cerca de la estación de Atocha.

A esta estrategia, liderada por el PP madrileño, se han sumado recientemente los populares andaluces. La Junta de Andalucía ha decidido permitir derivar pacientes de atención primaria a la sanidad privada, pagando 65 euros por consulta cuando la hora de ampliación de jornada en la pública tiene un precio estipulado de 44,77 euros la hora. El Partido Popular aragonés apunta en la misma dirección. La venta de suelo público del Ayuntamiento de Zaragoza para un nuevo hospital Quirón, las declaraciones de Jorge Azcón: «No es un proyecto más, sino especial y va a ser referencia en todo el ámbito sanitario», y su empeño en alabar la colaboración público-privada, dejan pocas dudas sobre cuáles son las prioridades sanitarias del líder popular.

La estrategia de privatización de la sanidad, amparada por la «colaboración» público-privada, también es seguida parcialmente –o no suficientemente combatida– por algunos dirigentes socialistas. Lo que todos se callan, por desconocimiento o mala fe, es que cuando la transferencia de pacientes de la sanidad pública a la privada sea suficientemente elevada, serán las empresas sanitarias quienes estén en condiciones de decidir sobre la salud de la ciudadanía. Y, como todas las empresas, también las sanitarias tienen como principal objetivo conseguir beneficios.

El Sistema Nacional de Salud es uno de los pilares del Estado del Bienestar y es obligación de los gobiernos mantener la universalidad, calidad, accesibilidad y equidad para todas las personas que viven o trabajan en Aragón. Y esto no lo garantiza la sanidad privada, no se puede subcontratar la responsabilidad de la salud.

El control público del SNS es condición necesaria para un sistema sanitario de calidad, pero no suficiente, es necesario analizarlo periódicamente de forma crítica, para corregir sus deficiencias y adecuarlo a las demandas de la sociedad.

De entrada, hay que partir de que la salud pública no es independiente de las condiciones sociales (laborales, de vivienda, ambientales…) de la población, numerosos problemas de salud mental tienen su origen en estas condiciones.

Según un reciente estudio encargado por el ministerio de Trabajo, un tercio de las depresiones en la población activa se debe a la precariedad. En estos casos, no incidir en las causas, tratar a las personas enfermas con antidepresivos, no va a curar la enfermedad, solo va a paliar los síntomas para que el proceso productivo no se pare.

Pero para tener una buena sanidad, es necesario que esté bien financiada y, aunque en los últimos años se ha incrementado el gasto por habitante en Aragón –el presupuesto para 2023 se incrementó un 13% respecto al de 2022, pero este fue un 4,92% inferior al de 2021– y estamos por encima de la media española, la financiación es insuficiente: para este año, el presupuesto por persona no llega a 2.000 euros mientras en la UE era de 2.244 en 2020.

El Gobierno que se forme tras las elecciones del 28 M tiene que comprometerse a alcanzar al menos la media de la UE, dado que nuestra Comunidad tiene un alto índice de envejecimiento y baja densidad de población en muchos territorios, lo que incrementa notablemente el gasto sanitario.

Para poder acceder a los recursos necesarios para una correcta financiación de la sanidad será necesario una mayor aportación de las transferencias del Estado, pero también un esfuerzo de nuestra Comunidad –no es cuestión de magia, son nuestros impuestos– porque la fiscalidad debe ser equitativa para y suficiente para financiar un servicio esencial como la sanidad pública.

También es necesario reorganizar el sistema sanitario en función de las nuevas necesidades y demandas que se van presentando y esta reorganización debe bascular en torno a la Atención Primaria y Comunitaria y la Salud Pública, con equipos multidisciplinares capaces de hacer buenos diagnósticos y derivar a los pacientes a los servicios públicos –no solo sanitarios– pertinentes. También se deberían incluir en este apartado las políticas de prevención y promoción de la salud.

Otro objetivo prioritario debe ser la atención a la salud mental. Ya es un problema importante en Aragón y, además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que, en 2030, la salud mental será el primer problema de salud pública en el mundo. En este sentido tenemos que seguir el ejemplo de La Rioja, aprobar una ley de Salud Mental que contemple, siguiendo las recomendaciones de la OMS, un mínimo de 18 psicólogos y 18 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.

Un Observatorio de la Salud, con participación de partidos políticos, organizaciones sociales y personal sanitario, sería una buena herramienta para hacer un seguimiento del sistema y proponer las modificaciones necesarias al Gobierno de Aragón.

La defensa de la Sanidad Pública debe ser objetivo y compromiso de las organizaciones políticas progresistas que concurren a las elecciones autonómicas el próximo día 28. Son necesarios acuerdos, unidad de acción y llevar a cabo las necesarias reformas en los próximos cuatro años.

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