Un acuerdo para la paz social
El acuerdo salarial, formalizado el pasado miércoles con la rúbrica de los máximos líderes de las patronales CEOE y Cepyme y de los sindicatos CCOO y UGT, ha conseguido lo que hace tan solo unos meses parecía casi imposible: conciliar los intereses de unos y otros y repartir equilibradamente los costes de la inflación. La subida mínima del 10% de los salarios en los próximos tres años (el 4% este año y el 3% los dos siguientes) propicia un periodo de calma social y desactiva la amenaza de un otoño caliente. No es poca cosa, viendo los episodios de conflictividad y tensión en las calles en Francia, Portugal y Alemania. Sin desmerecer su importancia en el marco del diálogo social, hay que recordar que el quinto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) es una guía o referencia para los casi 1.400 convenios que deben renovarse, pero que su cumplimiento no es obligatorio. Pese a ello, volver a ver a los principales agentes sociales reunidos en un pacto es una muy buena señal para la confianza económica y un regreso a la concertación que se había perdido en otros temas clave como el salario mínimo interprofesional (SMI).
En 2022 los intentos para alcanzar un acuerdo resultaron un fracaso. Si ahora ha sido posible, además de por la buena voluntad de los representantes sindicales y empresariales, lo es porque la evolución económica lo ha permitido. Hace un año, la inflación estaba en niveles mucho más elevados que ahora, especialmente los precios energéticos, que encarecían mucho la factura de las empresas y dificultaba su competitividad. En algunos sectores, asumir un aumento salarial entonces era sencillamente inviable. Ahora la inflación sigue alta, pero menos (el pasado abril fue del 4,1%, mientras que la media de 2022 fue del 8,4%) y, aunque la subida de tipos de interés restará crecimiento económico, las previsiones no son malas.
El acercamiento entre patronal y sindicatos también ha sido posible porque ambas partes han cedido respecto de sus reivindicaciones iniciales. La patronal lo ha hecho en su negativa de fijar los salarios al IPC (el acuerdo prevé un incremento adicional de hasta un 1% si la inflación supera la subida anual pactada), y los sindicatos han renunciado a incluir en el AENC el año 2022, por lo que no se compensa la devaluación de más del 5% de los salarios que se registró entonces. El temido efecto de una segunda ronda de la inflación (que la subida de los salarios o de los márgenes empresariales haga aumentar aún más la inflación) podría mitigarse con el acuerdo salarial, que modera las posturas de ambos.
Un elemento que ha facilitado el acuerdo es el de la flexibilidad, ya que el texto hace mención expresa a que se deberán «tener en cuenta las circunstancias específicas» de cada sector o empresa. Es importante, porque algunas compañías tienen serias dificultades para afrontar la subida de costes y no están en disposición de aplicar las condiciones salariales pactadas, algo que advierte desde hace tiempo la patronal, y que entienden CCOO y UGT, no así algunos representantes políticos que insisten en culpar al empresariado de todos los males. El mensaje de confrontación puede favorecer algunos intereses partidistas, pero no beneficia al bienestar social, lo que sí han conseguido los agentes sociales en este acuerdo salaria.
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