Esos extranjeros (parte I)

La patata ardiente de la política migratoria se encuentra en el tablero de todas las formaciones políticas, incluidas las de carácter progresista. En muchos casos, las respuestas mayoritarias se desenvuelven en el campo de la xenofobia.

Son frecuentes expresiones como: los inmigrantes «nos roban los puestos de trabajo» o tienen «más derechos sociales», discursos que encuentran acomodo en países de nuestro entorno como Italia, Francia, Hungría o Austria. Dentro de cada uno de estos países, incluida España, los nacionalistas utilizan el mismo mensaje para justificar sus pretensiones separatistas como el conocido «España nos roba». No es de extrañar tal coincidencia porque, en ambos casos, estamos en presencia de una radical e intensa falta de la más elemental solidaridad y vinculación con el mundo real . Es un discurso tan falso e injusto como peligroso, pues es de fácil contagio y está transmitiendo la enfermedad a crecientes sectores de nuestra sociedad.

La gran falacia de los xenófobos radica en un grave pecado de omisión pues prescinden en su relato de datos fácticos que perjudiquen o hagan insostenible su tesis. Se omite la circunstancia de que los extranjeros trabajadores han contribuido y contribuyen al progreso de los países concernidos, trabajadores que hacen posible el mantenimiento del Estado del Bienestar a través del abono de las cotizaciones sociales. Si a ello añadimos que en la mayor parte de los casos los extranjeros realizan los trabajos que los nacionales rechazan, resulta difícil comprender cómo se tiene la desvergüenza de sostener y practicar los postulados xenófobos.

Los que nos reclamamos progresistas, estamos obligados a ofrecer al conjunto de la sociedad una sólida alternativa que pueda competir con las ofrecidas por la ultraderecha. Necesitamos comprender que los extranjeros tienen los mismos derechos (no más, pero tampoco menos) que los nacionales. No creo que la aplicación coherente de tal dogma conlleve una incidencia negativa en la consecución de votos en cualquier proceso electoral. Pero, en todo caso, si ello fuera cierto, no debería determinar cambio alguno en la política migratoria. Y si se pierden votos, ¡que se pierdan!

No basta con reconocer los derechos de los extranjeros. Además, es preciso que se hagan reales y efectivos. Ello supone abordar otras cuestiones y una serie de problemas entre los que se destacan los causados por la llegada masiva de los «sin papeles» pues su situación agrava los peligros de la explotación laboral y el tráfico ilegal de personas. Responder a esos problemas debe abordarse con rigor por todas las administraciones.

La política tiene mucho trabajo en este ámbito. Trabajar para intentar paliar las consecuencias negativas que tiene el fenómeno migratorio , propiciar el crecimiento económico y la creación de empleo con los países de origen , y presionar sobre el terreno más difícil de la cooperación bilateral con los países de tránsito que sufren la presión migratoria.

Este trabajo debe hacerse sin merma de la dignidad de las personas.

Me escandaliza la incomodidad con la que los países progresistas hablan, cosa poco frecuente, del tema de la inmigración. Y cuando esto ocurre, automáticamente se ponen de perfil incapaces de rebatir las tesis de sus adversarios: los xenófobos están a punto de ganar la partida.

Los extremistas de toda catadura llegan a situar los problemas que genera la inmigración en el ámbito de una eventual desestabilización de los países de Occidente, lo que conlleva equiparar extranjeros sin papeles con terroristas fundamentalistas. Desde esa lógica se sostiene, cada vez con más intensidad, una respuesta militar. Se están acabando los viejos tiempos en los que Jean Marie Le Pen estaba prácticamente solo. Los ultras, con la inestimable ayuda de algunos tecnócratas de la Unión Europea, se han infiltrado en casi todos los países de la UE y sostienen con fervor que, en poco tiempo, los candidatos a la inmigración van a ser muy superiores a la capacidad de absorción de la economía europea y de Occidente. Este planteamiento olvida, entre otras cosas, que los adecuados cambios políticos y financieros pueden solventar, sin especial dificultad, las disfunciones que la emigración ilegal plantea. Por otro lado, pese a la explotación objetiva que sufren los inmigrantes, lo cierto es que en Occidente viven mejor que en sus países de origen. De ahí que los inmigrantes consideren su situación como un «mal menor» y lo comparen con lo vivido en su país donde, tienen que afrontar cuestiones de mera subsistencia física.

Con este panorama, se comprende que las soluciones meramente represivas no sirven. El problema es muy complejo y, por ello, sólo pueden abordarse con soluciones igualmente complejas. Intentaremos abordarlas en los próximos capítulos.

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