Una campaña con demasiado barro
El viernes terminó una campaña electoral que ha sido calificada como una de las más broncas de los últimos años. Sin negar que haya razones para sostenerla, esta percepción estigmatiza injustamente las dos semanas de intensa batalla política que han conocido 12 comunidades y más de 8.000 municipios. La campaña ha tenido momentos de una gran tensión populista destinada a embarrar la contienda. Sin embargo, si nos quedamos en esta visión, acentuada por el protagonismo de los principales líderes políticos y multiplicada por redes sociales ávidas de material incendiario, dejamos de atender lo mejor que tiene la democracia, su dimensión local, la que más puede influir en las condiciones de vida de los ciudadanos. Las elecciones municipales movilizan a miles de ciudadanos que aspiran a ocupar uno de los 67.152 puestos de concejal en juego y constituyen el mayor ejercicio de participación de nuestra democracia. Máxime cuando la mayoría de estos cargos no están remunerados y aspirar a ellos supone en la mayoría de los casos un intento de contribuir al bien común.
Si no fuera por esta participación local que poco ha trascendido, esta campaña no figuraría, desde luego, en el haber de nuestro sistema democrático. Basta con ver cómo ha terminado, embarrada por los dos principales partidos estatales por acusaciones de compra de votos. En vez de reconocer que la ley electoral tiene fallas que facilitan maniobras clientelares endémicas en municipios pequeños y medianos, y de proponer reformas que impidan la manipulación de los comicios, los partidos se han enzarzado en un «y tu más» que ha enfangado los últimos días del proceso electoral. Esta actitud irresponsable puede fomentar la abstención y legitimar actitudes destinadas a cuestionar los resultados. La campaña terminó mal y empezó peor, con toda la primera semana centrada en un debate surrealista sobre si la organización terrorista ETA, que se disolvió en octubre de 2011, estaba viva o muerta. Todo, por la decisión insensata de Bildu de colocar en sus listas electorales a 44 antiguos miembros de la banda, algunos de ellos condenados por delitos de sangre.
El ruido de la primera semana de campaña y el barro de la segunda no siempre han impedido que los principales retos que tienen las administraciones locales, en el plano autonómico y municipal, ocupen el frontispicio del debate público. En el caso de Aragón, la campaña ha estado marcada por la postura que Teruel Existe adoptará tras el 28M, aunque su líder, Tomás Guitarte, dio un portazo a Vox, lo que mete más presión al PP. La gestión de las renovables también entró en los últimos días de campaña, que, sobre todo en el tramo final, fue más agresiva que propositiva.
De las 12 comunidades en liza solo dos están gobernadas por el PP, lo que explica, en parte, la agresividad de una campaña en la que Isabel Díaz Ayuso le ha marcado la agenda a Alberto Núñez-Feijóo. Por otra parte, la estrategia del líder socialista, Pedro Sánchez, de anunciar en cada mitin una medida de carácter social también ha contribuido a sustituir por una absurda subasta el necesario debate sobre la gestión local y el papel de las comunidades en la gobernabilidad del país. De no cambiar, estas actitudes dan idea de lo que puede ser la campaña de las elecciones generales a finales de año, volviendo a privar a los electores de un ejercicio de racionalidad política.
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