Ese extranjero (parte II)
La política occidental en materia de extranjería pivota en lo esencial en torno al modelo policial represivo. De ahí que sean las autoridades en materia de seguridad las que se encargan de establecer las respuestas a las numerosas preguntas que se suscitan en torno al fenómeno migratorio.
De momento, no estamos en presencia de un escenario radicalizado en el que las partes en conflicto se levanten en armas para hacer valer lo que creen que son sus derechos, sólo de manera local se producen episodios concretos en los que se vislumbra un fantasma que recorre Europa: el fantasma de la xenofobia y del odio al extranjero.
Hoy nada impide que el proceso siga creciendo y que entremos en un segundo escenario mucho más peligroso que el actual, en el que confluyan fuerzas antagónicas. Por un lado, lo que podríamos denominar «occidentalismo» fundamentalista que se caracteriza por ser solemne, primitivo y por no vacilar en confrontar sin complejos como ellos mismos sostienen, con el enemigo extranjero. Por otro lado, los propios extranjeros, en cuyo seno anida creciente un nuevo fundamentalismo protagonizado por los no integrados en nuestras sociedades los sin papeles u okupas.
No es una mera posibilidad. Es mucho más profundo pues, en el tema de la xenofobia es fácil obtener el apoyo de amplias clases sociales mientras resulta más difícil y costoso tejer una estrategia política concebida conforme a la lógica de los derechos humanos. Pese a todo, hay que intentarlo con todas nuestras fuerzas democráticas y civilizadas. La lógica de los derechos humanos debería traducirse en una serie de medidas concretas como la concesión generalizada de permisos de trabajo a quienes no tengan antecedentes criminales; la adopción de políticas concebidas desde la discriminación positiva, en especial en el sistema escolar y educativo; la adopción de una política de vivienda que evite los pisos patera u okupas y que evite la creación de guetos aislados de la sociedad; garantizar el aprendizaje del idioma español, así como la integración plena en el sistema de la Seguridad Social, con acceso en condiciones de igualdad a todos los beneficios sociales. Hay que propiciar, tanto en la Unión Europea como en el ámbito nacional, políticas dirigidas a lograr acuerdos en el ámbito social y económico con los principales países productores de inmigración. Como afirmó Ahmed Ben Bella hace ya muchos años, y todavía hoy sigue vigente: «el Sur es como un gran arrabal de chabolas que vive ante un resplandeciente campo de golf. De ahí que, o se mejoran las condiciones de vida del arrabal, o es inevitable la invasión».
Posiblemente la invasión a medio plazo es evitable. Lo que parece inevitable es el miedo de los occidentales a la invasión, miedo que se refleja en el fenómeno de los guetos urbanos. Su existencia constituye un recordatorio permanente del modo de vivir que nos aguarda a los nacionales en el caso de que estallara nuestro sistema social, como fruto previsible de las sucesivas invasiones, cada vez menos controladas.
No es paradójico que sean los obreros no cualificados o carentes de especialización, el grupo de personas en el que se detecta un grado mayor de xenofobia, porque es la capa social que más compite a nivel laboral y ayuda social con los inmigrantes. Por idéntica razón pueden explicarse fenómenos tan sorprendentes como el desplazamiento del voto urbano y periférico desde opciones de izquierdas a posiciones de extrema derecha. El caso paradigmático es el producido en Francia donde el desplazamiento de voto se produjo desde el Partido Comunista a la ultraderecha en los arrabales de París.
A nivel europeo es preciso convertir en normas de obligado cumplimiento las recomendaciones de la correspondiente Comisión del Parlamento europeo. Me refiero informe James Glyn Ford de 1990, que pese a su antigüedad no ha perdido vigencia. Entre otras cosas el Parlamento Europeo recomendaba la concesión de la nacionalidad a los inmigrantes tras cinco años de residencia, o la adopción de una cota de residentes en la Unión Europea que posibilite la libre circulación por todos los países miembros. También se recomendaba la adopción de las leyes enérgicas, cosa que España cumplió, contra la discriminación y la persecución de actos racistas, y el reconocimiento del derecho a votar no sólo en las elecciones municipales sino en toda clase de procesos electorales. Asumir tales propuestas permitiría culminar una evolución en la que, en la primera fase, los extranjeros inmigrantes dejarían de ser objetos para pasar a ser sujetos y luego, en una segunda fase, dejar de ser súbditos y pasar a ser ciudadanos de pleno derecho. Ello supondría incorporar el contenido esencial del derecho a inmigrar en el catálogo de Derechos Fundamentales tutelados judicialmente de manera eficaz a nivel nacional e internacional, haciendo necesaria una revisión en profundidad de los respectivos textos constitucionales también en España.
Pueden existir razones de seguridad nacional que hagan inevitable limitar el alcance de tal derecho pero debe tratarse de excepciones puntuales y siempre a título individual y hay que comprender que deben tener un carácter subordinado y secundario frente al derecho fundamental a la inmigración. Trabajar por allanar las dificultades es garantizarnos la paz y el bienestar comunes.
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