El Periódico de Aragón

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Editorial

Iglesia y abusos: no hay excusas

La Conferencia Episcopal Española presentó ayer la instrucción de obligado cumplimiento sobre cómo actuar ante los casos de abuso sexual, que aprobó el pasado 9 de mayo, acompañada del primer informe general sobre los casos que han llegado a su conocimiento: 728 denuncias que afectarían a 927 víctimas menores de edad o vulnerables entre 1940 y 2022.

La Iglesia católica española aspira a dejar claro (Para dar luz, titula su informe) que ya ha asumido unos cuantos principios que deberían haber sido siempre obvios. Como la prioridad de la defensa de los derechos de la víctima frente a la protección del buen nombre de la institución por la vía del encubrimiento o la protección corporativa del culpable, en una manifestación, la más injustificable de todas, de lo que el propio papa Francisco calificó en su día de «la enfermedad del clericalismo». O que la denuncia, aclaración, resarcimiento y castigo penal de hechos delictivos nunca puede ser reemplazada por la corrección moral en el seno de la Iglesia, según sus criterios y valores. Demasiadas veces se ha tratado las atrocidades de sacerdotes y religiosos como pecados que confesar secretamente, expiar internamente y, finalmente perdonar.

La instrucción aprobada por los obispos va en el bueno camino, el único posible. Insiste en la obligación de los obispos, sacerdotes y religiosos de colaborar con la justicia penal de cada Estado, denunciando o testificando, y con la obligación de informar a la fiscalía, y de forma «inmediata» si hay «peligro para la víctima» si en sus investigaciones internas se obtienen indicios racionales de la comisión de un delito. O recordar que simplemente trasladar al abusador para evitar el escándalo no es la respuesta adecuada.

Si el episcopado ha debido dejar por escrito algo tan evidente, no obstante, es porque alguno de sus miembros, o responsables de congregaciones religiosas, han seguido hasta hoy mismo prefiriendo la ocultación y la impunidad. Por lavar la ropa sucia dentro de casa (o aún peor, por no hacer ni siquiera esto). Los casos conocidos en las últimas semanas, esta vez en el ámbito de la Compañía de Jesús, dejan claro que quizá las situaciones de abuso más numerosas y escandalosamente impunes sean cosa de un pasado en que la autoridad del abusador y el silencio del entorno (en las instituciones religiosas, en los centros educativos, en las familias...) eran la norma: pero el manto de encubrimiento sobre situaciones que eran notorias ha llegado hasta hoy mismo. Y, por supuesto, también lo hacen las consecuencias del daño hecho sobre las víctimas y la necesidad de hacer justicia y, con ello, evitar que esta lacra se reproduzca .

Las cifras reconocidas ayer por los obispos quizá sean la punta del iceberg. Cuando hace dos décadas el escándalo de los abusos del clero en Irlanda estalló en toda su amplitud, resultaba inverosímil que no sucediese lo mismo en otros países, como España, donde la autoridad indiscutida de la Iglesia católica (el clima que hace posible el abuso en cualquier institución) había sido durante décadas tan intensa o más. Se ha tardado demasiados años en empezar a levantar aquí este espeso velo: y no ha sido por un proceso de autocrítica y transparencia sino por la valentía de las víctimas que encontraban la manera de hacer oír su voz en los medios de comunicación.

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