Derechos, pactos de perdedores y maniobras de distracción

Sin cerrar el telón de las pasadas elecciones autonómicas y municipales y con Pedro Sánchez llamando de nuevo a las urnas, nos damos cuenta de que la campaña electoral sigue, y según se ve, tan vacía de argumentos como la anterior.

En declaraciones recogidas por este medio, Pedro Navarro, secretario de Organización del PP de Aragón, ha acusado a Javier Lambán de querer gobernar con «un acuerdo de perdedores». Llama poderosamente la atención que una persona tan cualificada y bien posicionada dentro del PP realice afirmaciones de este tipo cuando el presidente de su partido, Jorge Azcón, es todavía alcalde de Zaragoza en funciones en virtud de un acuerdo de perdedores con Ciudadanos y Vox en 2019 y después de haber obtenido el peor resultado del PP en el ayuntamiento, tan solo 8 concejales, siendo la fuerza mayoritaria el PSOE, con 10.

Pero no es el único caso en que el PP ha conseguido el poder estando por debajo en número de escaños o concejales. En Madrid, en 2019, el PP consiguió la alcaldía de la capital con 15 concejales y acuerdos con Ciudadanos y Vox cuando Más Madrid había obtenido 19. También el PP hizo lo mismo en Andalucía en 2018, gobernando con 26 diputados y el apoyo de los mismos protagonistas que en Madrid. Desbancó así al PSOE, que había obtenido 33 escaños en el Parlamento Andaluz.

Y si miramos en nuestra tierra todavía podemos encontrar más ejemplos en todas las direcciones. En las elecciones autonómicas de 1987 y 1991, en las que el PSOE consiguió 27 y 30 diputados, respectivamente, gobernaron PAR y PP, que juntos completaban o superaban los 34 escaños que constituyen la mayoría absoluta. La pelota se volvió en contra del PP en 1999 y 2015; había sido el partido más votado y gobernaron Marcelino Iglesias (PSOE) con el apoyo del PAR y el también socialista Javier Lambán con apoyos de Chunta, Podemos e IU.

Por ello, introducir estas maniobras de distracción no hace sino empequeñecer la imagen de nuestra clase política, sobre todo de los que así se expresan. No sé si se dan cuenta de que son datos fácilmente comprobables y que nuestra legislación así lo contempla. Situación parecida ocurre con las traídas y llevadas referencias al gobierno de «la lista más votada». Si realmente consideran que es una forma adecuada para resolver la gobernabilidad de nuestras instituciones, que sean valientes, realicen la propuesta adecuada y si se ponen de acuerdo será ley. Ponerlas en circulación en época de elecciones es marear a los ciudadanos y quitar un tiempo precioso que deberían de dedicar a lo verdaderamente importante.

En estas elecciones nos hemos comido horas y horas de debates y referencias a las listas de Bildu, los okupas, los escasos casos de desaprensivos que se han querido aprovechar de la pobreza para comprar su voluntad en beneficio propio, de unos euros en unas entradas de cine y otras bagatelas sin importancia.

Pero el debate de lo verdaderamente importante ha brillado por su ausencia. No se votaba a Pedro Sánchez, elegíamos a unos candidatos que muchos conocíamos en persona, son aquellos que están en el día de día de la gestión de nuestros problemas más directos, la educación, la salud, la vivienda, la cultura, los servicios sociales, etc.

Y de eso se habló muy poco. Si se hubiera preguntado a pie de urna qué parte del programa del partido al que se votaba le gustaba más, serían muy pocos los que podrían responder datos concretos, porque las campañas se han convertido en una suerte de eslóganes o argumentarios que vuelan por la redes sin el más mínimo control de veracidad.

Como dijo nuestro gran Cervantes: «La falsedad tiene alas y vuela, y la verdad la sigue arrastrándose, de modo que cuando las gentes se dan cuenta del engaño, ya es demasiado tarde». ¡Y no existía internet!

Quiero terminar con una referencia a nuestra Constitución y su artículo 47, que dice: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos». De esto no se ha hablado y las comunidades autónomas tienen competencias y han desarrollado legislación suficiente para cumplir este artículo que considera la vivienda como un derecho.

En Aragón, en función de los desarrollos urbanísticos que se autorizan, existe un derecho público cifrado entre el 10% y el 30% sobre los mismos. Estamos llegando a una situación insostenible con los alquileres y para un amplio sector de la población está resultando imposible conseguir una vivienda digna.

Señorías, respétense y respétennos un poco más. Seguro que conseguirán que sus argumentarios pierdan sentido y a todos nos irá mejor.

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