Pasar por la plaza Santa Engracia de Zaragoza, mirar hacia el balcón del sindicato UGT Aragón y ver una pancarta negra con un contador que es el número de fallecidos en los que va de año en la comunidad en accidente laboral pone los pelos de punta. Sobre todo porque el pasado jueves, el número era de 23. Pero al día siguiente los medios de comunicación ya tuvimos que subir la cifra a 25. ¿Qué se está haciendo mal? ¿Por qué sigue aumentando cada año la cifra de fallecimientos por la siniestralidad laboral? ¿Por qué no se discute a fondo entre las administraciones, los empresarios, los sindicatos para buscar una solución que corte de raíz esta escalada dramática? Cuando encima, escuchas a un empresario rebajar el tono y decir: «Bueno, tampoco está subiendo tanto. Y no hay que buscar culpables». La culpa probablemente es de todos, también de los trabajadores, también de los empresarios, también de las administraciones. Pero de una vez hay que ponerse manos a la obra.
Esta semana se reunía en Aragón el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral presidido por la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Economía, Mar Vaquero, y en el que están representados sindicatos y empresarios y, en este caso, también los directores generales de Trabajo y Salud Pública. Se van a destinar varios miles de euros –que vienen de Madrid– para tareas de prevención. Perfecto. Pero hace falta mucho más. Está bien que el Gobierno aragonés haya puesto este tema como primer punto de referencia en las relaciones con los agentes sociales, pero tenemos que ir más allá. En el año 2021 hubo 27 muertos en Aragón. El año pasado, 28. En 2023 ya llevamos 25. Pero es que más de 900 empresas de Aragón están consideradas de alta tasa de siniestralidad al superar un 25% el porcentaje de accidentes de trabajo en su actividad económica. Incluso el año pasado había una compañía en la comunidad que superaba los límites de siniestralidad establecidos. Todo esto es difícil de solucionar en una mesa de diálogo social porque, evidentemente, habrá que acudir a expertos en prevención de riesgos laborales, pero sí que se puede intentar poner coto desde las administraciones.
Lo primero es que en el tejido industrial español no es concebible que estemos trabajando con una ley con 27 años de antigüedad. Es imprescindible actualizarla a los nuevos tiempos y a los nuevos modelos productivos, realizar inspecciones para que se confirme que se está ejecutando de manera veraz e incluso bonificar a las empresas que realmente lo hacen bien. Al hablar con trabajadores y sindicatos, topamos con muchas empresas (no todas ni mucho menos) en las que la prevención es lo último que les interesa. Se sabe que la producción es lo que da de comer a todos pero esto no puede estar por encima de todo. Hay compañías que no invierten en mejorar las máquinas ni en actualizarlas, no tienen en cuenta la normativa actual ya que se exige su cumplimento de una manera muy laxa e incluso les «compensa pagar una multa antes que invertir en solucionar los problemas, les vale con tener un simple papel que les cubra» y un papel no tiene el valor que se merece una vida humana. Y luego están los propios trabajadores, que algunas veces no son capaces de exigir las medidas necesarias por temor e incluso ellos mismos por desidia, en algunos casos, se exponen innecesariamente. Es cierto que en ocasiones hay improvisación tanto en la planificación de los trabajos como en su realización, que se puede llegar a disminuir la atención por la ejecución de tareas repetitivas por distintos factores.
Falta prevención, pues, pero también hace falta mucha más inspección de Trabajo. Ahí es donde los gobiernos, autonómico y central, tienen que poner más recursos económicos y humanos. Hay inspecciones, sí, pero no se llega a todos los rincones. Ha habido muchas campañas para frenar los accidentes de tráfico o los incendios forestales, pues hace falta también una mayor intensidad a nivel nacional y regional para intentar cortar esta sangría de muertes por siniestralidad laboral. Los sindicatos ponen mucho de su parte (las grandes empresas, también) pero hace falta todavía más. El contador de UGT Aragón es una vergüenza para todos.
