La amnistía, la bolsa y la vida

La batalla política que ha comenzado a librarse tras el pacto sellado entre el PSOE y Junts es solo el prólogo de una guerra en la que esta en juego el reparto de la financiación autonómica. Aragón afronta el reto en un escenario de lo más adverso

Montero afirma que la convivencia y el clima inversor mejorarán con la amnistía.

No hay duda de que si hubiera que apostar por cuál será la ley que condiciona y condicionará la vida política durante los próximos años esta será la de Amnistía. El ruido generado en los últimos meses en torno a esta polémica norma y las consecuencias que generará el pacto sellado entre el PSOE y Junts es solamente un aperitivo de lo que se avecina. La legislatura, por tanto, tiene visos de convertirse más en un campo de minas que en un tránsito hacia una etapa de acuerdos fructíferos para continuar avanzando en el bienestar social y el desarrollo económico de España. Este viaje a lo desconocido solo acaba de comenzar y, si nadie cambia el guión, tiene visos de ir a más en las próximas semanas y años. Varias son las razones, pero una sobresale de entre todas ellas: la reforma de la financiación autonómica.

La batalla política que se ha desencadenado por la ley de Amnistía es, por ahora, solo ruido de sables, pero cuando se active el reloj de la negociación sobre cómo se han de repartir los fondos estatales entre las distintas comunidades autónomas se pasará de las palabras a los hechos. De la teoría a la práctica. De las formas al fondo. De lo abstracto a las cosas del comer. Y el resultado de cómo se resuelve finalmente el entuerto de la distribución de la hucha del Estado definirá realmente hasta qué punto ha condicionado la ley de Amnistía el reequilibrio o desequilibrio de la España en los próximos años.

La posición de partida de Aragón no es precisamente esperanzadora. No porque no sea una comunidad próspera, con unas buenas perspectivas de desarrollo económico y una pujanza social y empresarial que la hacen acreedora del impulso que merece para situarse a la vanguardia de España y Europa, sino porque afronta un escenario endiablado en lo político.

La comunidad exigirá al Gobierno que sea compensada por la dispersión geográfica de su población y el envejecimiento de sus ciudadanos, con lo que ello supone de coste adicional para sufragar servicios básicos como la sanidad y la educación. Sin ir más lejos, la DGA tuvo destinar hace solo unos días 48,8 millones para hacer frente a las nóminas de este año en los departamentos de Educación y Sanidad. Pero esta es solo la punta del iceberg. La falta de médicos en el medio rural, la dificultad para llevar profesores a cada rincón de la comunidad, la necesidad impulsar infraestructuras de comunicación, hidráulicas y energéticas, y la capacidad para atraer talento y profundizar en la formación son asuntos inaplazables si Aragón no quiere perder el tren del futuro.

La pugna por la financiación autonómica será, en definitiva, la madre de todas las batallas políticas, toda vez que el Gobierno está decidido a impulsar una reforma que lleva guardada en el cajón más de 15 años.

Sin embargo, salir airoso de la batalla de la financiación no será sencillo, porque el Ejecutivo PP-Vox, liderado por Jorge Azcón, tendrá enfrente al Gobierno de Sánchez, que ha cimentado su supervivencia en el apoyo electoral recabado durante las últimas elecciones generales en comunidades muy concretas, así como en el respaldo parlamentario logrado de partidos como el PNV, Bildu, ERC y Junts que son su único oxígeno hoy. Además, en 2024 tendrán lugar elecciones en Cataluña y el País Vasco, donde el PSOE jugará un papel decisivo en la formación de estos gobiernos autonómicos, lo que deja bien a las claras que habrá peajes que pagar. Por tanto, el aire no sopla precisamente a favor para Aragón. La pugna por la financiación autonómica será, en definitiva, la madre de todas las batallas políticas, toda vez que el Gobierno está decidido a impulsar una reforma que lleva guardada en el cajón más de 15 años.

Y todo ello en un momento en el que Bruselas ya ha anunciado que las reglas fiscales deberán volver a su ser después de la flexibilidad otorgada a los países para afrontar la pandemia y la guerra de Ucrania. Además, la subida de tipos de interés duplicará hasta 2026 los gastos financieros de la deuda autonómica de Aragón, pasando de 126 millones en 2023 a 261 en 2026, según el último informe publicado por Fedea. Y la economía parece dar síntomas de desaceleración, lo que se traducirá en una merma de la recaudación autonómica.

Aragón, por tanto, comparece en la batalla por la financiación, condicionado más que nunca por el escenario político. Salir indemnes de tal envite será un milagro. Tanto como sortear un campo de minas.