Negociaciones bajo vigilancia

El sarcasmo con que el PP acogió la designación de un mediador para las conversaciones entre el PSOE y Junts, y el hecho de que estas se celebraran fuera del territorio español, se podría haber aplicado también a la petición que los propios populares hicieron a la Comisión Europea para que intermediara en sus negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez ayudándoles, así, a desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, caducado hace más de cinco años. Ayer se celebró, sin demasiadas expectativas, el primero de esos encuentros en Bruselas. Si en las relaciones entre los socialistas y el expresidente catalán Carles Puigdemont impera la desconfianza mutua, las que mantienen el Ejecutivo y los dirigentes del PP, aunque incomparables, no son mucho mejores. De hecho, de la mala atmósfera con que se desarrollan ambas existen pruebas documentadas y repetidas hasta la saciedad en los medios de comunicación y las redes sociales, y ambas transmiten una imagen tan penosa de la situación política española que causa vergüenza, no ajena, propia.

Ir a la capital comunitaria a una cosa tan española como cantarse las cuarenta en presencia del comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, para que él calme los ánimos y les ayude a pactar, parece fuera de lugar. Pero podría, no obstante, ser efectivo si la asistencia a la reunión entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de política Institucional del PP, Esteban González Pons, de una persona ajena a las disputas sirve para que se pongan de acuerdo en algo. La presencia de un testigo que no toma partido a favor de ninguna de las dos partes puede servir para desmantelar el aparataje argumental, repleto de reproches mutuos que se podrían resumir en uno solo: el interés que se atribuyen uno y otro por controlar la justicia. Seguramente, en esas acusaciones los dos tienen razón. Porque si hasta el día de hoy no se ha conseguido sustituir a los miembros del CGPJ, controlado por los conservadores desde que se renovó en 2013 con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, es porque al PP no le interesa perder ese dominio del órgano de gobierno de los jueces, mientras que el PSOE busca recuperar poder en él, trasladando a su composición el porcentaje de la nueva mayoría parlamentaria.

Cosa distinta es la reforma de la ley para elegir a los miembros del CGPJ, que el PP exige hasta el punto de utilizarla como excusa para el bloqueo de la renovación. Es un hecho que la norma, aprobada en 1985, no se modificó ni con José María Aznar en la presidencia del Gobierno ni después con Rajoy. Entonces no les parecía un problema. Y mientras los populares urgen ese cambio, los socialistas se resisten, porque consideran más democrático que la elección de los miembros del Consejo se haga en votación parlamentaria y no directamente por los jueces y, aunque no lo digan, también porque saben que los jueces son conservadores en su mayoría. No será fácil un acuerdo ni siquiera bajo la vigilancia de Reynders. Pons ya se declaró pesimista tras la primera reunión. Pero Gobierno y PP harían un gran servicio a la buena salud democrática si pactaran el fin de este esperpento y normalizaran de una vez sus relaciones.

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