Opinión | firma invitada

El poder, ese oscuro objeto de deseo

Algunos jueces están jugando con fuego y querer modificar la voluntad expresada en las urnas por otros medios siempre ha dado resultados nefastos

Aunque la trama de la película del ilustre director de cine aragonés Luis Buñuel no sea coincidente con este artículo, el título guarda relación con esa pasión obsesiva para obtener o bien retener el poder a cualquier precio.

El acceso a organismos públicos e instituciones desde los que verdaderamente se puede desarrollar al máximo el servicio público a los ciudadanos de forma remunerada se ha convertido en un oscuro objeto de deseo porque desde allí lo que verdaderamente se practica no es el servicio, se ejerce EL PODER.

Con los cambios de gobierno, aquellos que desde la oposición han estado lamentándose de la gigantesca estructura de personal de libre designación, buscan acomodo a los suyos en los diferentes escalones de la Administración. Algunos cambian con el próximo gobierno pero otros se quedan para siempre, dejando una Administración preñada de cargos de partido que no queda muy claro al servicio de quien están.

Son muchos los puestos de trabajo a los que se puede llegar sin oposición alguna y es en los circuitos del poder donde se toman decisiones que generan pingües beneficios: información privilegiada, contratos suculentos de servicios, de infraestructuras de distintos tipos que, qué casualidad, siempre llevan acompañados reformados que suponen incrementos desorbitados que desfiguran el acuerdo de la adjudicación.

Resulta muy difícil hacer distingos entre los organismos, instituciones y empresas de las distintas administraciones, porque lo cierto es que en todos ellos hay una lucha encarnizada para conseguir el poder. Y cuando no se tiene, se ponen en marcha como sucede ahora, mecanismos de desestabilización que afectan al propio sistema democrático.

Quizás sea eso y no el interés general lo que ha llevado a este ambiente de crispación. Desde la formación del nuevo gobierno, apenas hemos escuchado desde la oposición propuestas o alternativas de mejora. Sí que a diario aparecen informaciones, en muchos casos de dudosa credibilidad, que ponen en duda la honorabilidad de las personas, no solo de los que ostentan un cargo público, sino de sus familias. Y lo que es todavía más grave, algunos jueces admiten a trámite incumpliendo recomendaciones de Tribunal Supremo, denuncias basadas en noticias de prensa sin contrastar, como en el caso de la mujer del presidente del Gobierno y algún otro caso más. Este estilo, tiene antecedentes en los inicios de nuestra democracia y una característica común: nunca se pide perdón a los perjudicados y rara vez se les rehabilita. Demetrio Madrid, presidente de Castilla León en 1983, dimitió en 1986 por un asunto privado y tras una durísima presión de Jose María Aznar: «tiene usted 24 horas para dimitir». Resultó exonerado en 1989 de cualquier responsabilidad y nadie le pidió perdón. Más recientemente hay varios casos en los que la acción de la Justicia no ha sido muy eficaz para los denunciantes porque no han conseguido condenas, pero sí su objetivo (quizás era el único), de dejar fuera de la circulación a adversarios políticos. Lo hemos visto en los casos de Mónica Oltra, Victoria Rosell, Juan Carlos Monedero u otros que han tenido procesos de los que han salido indemnes legalmente pero a los que se les ha señalado con la duda de su honorabilidad.

Parece que lo que subyace es no perder los privilegios que acompañan al poder y que durante muchísimos años hay un sector que lo ha venido ejerciendo. Y eso no tiene ni debería tener encaje en una democracia.

Está resultando bochornoso el espectáculo que día a día algunas de sus «señorías» ofrecen en el Parlamento; también la desvergüenza que exhiben algunos políticos condenados, que siguen en procesos judiciales y que parecen convencidos de que los jueces serán benévolos con ellos. Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana, no olvidemos, un señor que dijo: he venido a la política para forrarme. Se suman a otros que han desfilado por las sedes judiciales y que tienen condenas confirmadas o pendientes como en los casos Kitchen (Jorge Fernández Díaz), Gürtel (Francisco Camps y otros del PP) o los ERE de Andalucía con condenas a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros.

Da la sensación que algunos jueces están jugando con fuego. Las togas se sientan en los juzgados, no en el Consejo de Ministros ni en el Parlamento y querer modificar la libre voluntad de lo expresado en las urnas por otros medios que no sean los establecidos en la Constitución, tiene un nombre muy feo que siempre ha dado resultados nefastos para este país. Que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) siga enrocado en un poder que ya no le pertenece es una mala noticia para la democracia y que el PP se niegue a cualquier acuerdo es todavía peor. Estamos viendo a diario que la Constitución está en boca de muchos que la están incumpliendo. Como dijo León Tolstoi, cuando pienso en todos los males que he visto y sufrido a causa de los odios nacionales, me digo que todo ello descansa sobre una odiosa mentira: el amor a la patria.

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