Una vuelta más a la movilidad

La movilidad urbana y la seguridad vial vuelven a centrar el debate en Zaragoza esta semana. Lo hace esta vez de la mano de una medida novedosa en España como la de exigir un seguro obligatorio para los conductores de patinetes y bicicletas y sin que esté ya decidida. Era evidente que generaría revuelo y controversia, como todas las iniciativas que tienen que ver con la movilidad en la ciudad en los últimos años, pero a la vez abre un debate interesante que requiere del máximo rigor y la mínima demagogia posible. La decisión tiene forma de anteproyecto de ordenanza que aún debe dar todas las pinceladas posibles para poder tener una opinión formada, luego someterse a exposición pública y después recibir alegaciones, tanto de los partidos políticos como de las entidades vecinales, y sumar mayorías en el pleno municipal. Un largo recorrido que comienza ahora en el habitual formato de globo sonda para testar opiniones en la calle que, sin embargo, puede dar infinidad de vueltas antes de que se haga realidad. Si es que se consigue. O defina cómo y cuándo lo hace. Puede que incluso tarde tanto tiempo en decidirlo que le dé tiempo a la Dirección General de Tráfico (DGT) a incluirlo en el reglamento de circulación y al Gobierno central a regular este asunto en la ley estatal de tráfico. Todos se lanzan a la arena asegurando que son pioneros y que este debate está también sobre la mesa de otros ayuntamientos y del Ejecutivo central pero sacarlo antes que Madrid tiene sus riesgos, y de ellos Zaragoza también sabe. Porque los ha vivido y sufrido.

También fue pionero el consistorio zaragozano cuando reguló la movilidad ciclista con una ordenanza municipal que decidió que podrían circular por las aceras cuando la bicicleta vivía un auténtico boom en los desplazamientos cotidianos. Luego, más tarde, la Justicia acabó tumbando su decisión, aprobada también por mayoría en el pleno y a pesar de la misma controversia o más que la que pueden tener ahora los patinetes y vehículos de movilidad personal (VMP) en general que ahora llevan años viviendo su particular boom. No es tan distinto el debate de antes con el de ahora. En 2011, con las bicicletas se defendía la convivencia en las aceras y que había que proteger la integridad física de los ciclistas por lo arriesgado que era lanzarse a la calzada, es decir, que era más peligroso convivir con los coches y autobuses que con los peatones. Solo que los peatones respondían que esa peligrosidad la vivirían ellos, empezaron a visibilizarse casos de atropellos en esas aceras, multas por los comportamientos incívicos de una minoría... En definitiva, se hacía por la seguridad y decayó por algo tan sencillo como que la norma de rango superior, la ley estatal, no permitía hacerlo. Algo similar podría plantearse ahora: ¿es legal imponer la contratación de un seguro para conductores de bicis o patinetes? ¿El resto de ciudades no lo hacen porque no se les ha ocurrido o porque son conscientes de que sería ilegal o dudan de que puedan hacerlo?

Es comprensible la valentía de una ciudad de dar pasos al frente por la seguridad de los ciudadanos cuando se ve claramente que el Gobierno central no tiene ninguna prisa por hacer nada al respecto. Y ahí también hay ejemplos, como el uso obligatorio del casco para ir en bicicleta o patinete. También está en la agenda de la DGT y del Gobierno central desde hace tiempo, la efectividad de esta medida de protección y la estadística de siniestralidad con estos usuarios como protagonistas. Y al final son los ayuntamientos los que deben dar el paso definitivo. Arriesgándose o no a imponer medidas que se mueven en el alambre de la legalidad o exponiéndose a que un juzgado lo eche luego para atrás. Por eso al menos el tránsito hasta que se haga debería garantizar que las críticas y los apoyos deben basarse en la rigurosidad y no en quién lo propone y a quién beneficia. No parece una medida que se haga para aumentar el gasto de los zaragozanos, y si fuera así, no tendría ningún sentido.

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