Opinión | FIRMA INVITADA

Todos a la plaza de Oriente

La derogación de la Ley de memoria de Aragón supone no reconocer la dignidad de las personas que fueron víctimas de la violencia

El 12 de diciembre de 1946 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la resolución 39, por la cual se excluía al Gobierno de España de todos los organismos internacionales y conferencias dependientes o relacionadas con la ONU. Además, se recomendó la retirada de embajadores o representaciones diplomáticas en tanto en cuanto no hubiese en España un gobierno democrático.

El régimen reaccionó reivindicando el orgullo patrio frente a las injerencias extranjeras y convirtió el aislamiento en una suerte de orgullo patrio. La manifestación organizadas en la plaza de Oriente de Madrid como rechazo fue la demostración clara de la sinrazón del franquismo con los gritos contra los países de nuestro entorno y reivindicación de «Gibraltar español».

El Ministerio de Asuntos Exteriores de entonces elaboró un argumentario que convirtió en carta mandada a la ONU basado en alegaciones como «no hemos sido escuchados», «nadie nos ha preguntado», «el Gobierno no ha podido defenderse» o «Naciones Unidas no tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de los españoles», que sirvieron para manipular durante nueve años las causas del aislamiento internacional que sufrimos.

Me vienen a la memoria estos acontecimientos al escuchar el argumentario del presidente Azcón y del vicepresidente Nolasco sobre el informe condenatorio de Naciones Unidas sobre la derogada ley de Memoria de Aragón. Me recuerda a lo relatado anteriormente porque hay tics similares y hasta procedimientos en el rechazo de un inusitado parecido. El desprecio a este organismo es igual: «Aliados de Hamás» dice el vicepresidente Nolasco de Naciones Unidas; «no hemos sido consultados», dice Azcón. Y como entonces, envía una carta de protesta, donde manifiestan que «no han sido consultados, no es cierto lo que dicen, nunca han eliminado esa ley»... Y ahí ya se busca el descrédito de la Institución por el orgullo herido ante un informe que desnuda sus miserias. Es como si se hubieran detenido en el tiempo hace 78 años. Solo les falta convocar una concentración en la plaza del Pilar y desde el balcón del ayuntamiento, con la camisa azul y la boina roja rescatadas de algún armario, arengar a los ciudadanos con banderas del toro y el águila imperial.

Cuando el Gobierno central les plantea una reunión bilateral para ver cómo soluciona el problema que Naciones Unidas le reclama a Madrid, la respuesta es típica, tachando de electoralismo el intento de solución y lanzándole a la vez un órdago en forma de chulería castiza. «Lo pueden llevar al Consejo Jedi o a Marte si quieren, nosotros no vamos a dar marcha atrás», dice el vicepresidente Nolasco de Vox.

La derogación de la ley de Memoria de Aragón y el compromiso por elaborar otra llamada de concordia, realizada con alevosía el 20 de noviembre de 2023, supone no reconocer la dignidad de las personas que fueron víctimas de la violencia o padecieron años en las cárceles por oponerse a la dictadura. Las medidas para localizar e identificar los restos de personas asesinadas, que seguían siendo buscadas por sus hijos y nietos con el deseo de darles una digna sepultura antes de morir ellos mismos, o la eliminación de símbolos y monumentos de la dictadura sin valor artístico, son medidas sin rencor, humanitarias, respetuosas. Nada se dice en la ley derogada sobre lo ocurrido en 1936 o de quién tuvo la culpa de lo que pasó.

La memoria de una sociedad no la establecen las leyes, sino la vida, los recuerdos, los libros, las películas, las canciones, las palabras y las conversaciones, y por mucho que quieran ocultar lo ocurrido nunca podrán quitárnosla. A nadie se le juzga en la ley, eso son los jueces quienes debieron hacerlo.

El odio, que según algunos estaba en ella escrito, es una falsedad, porque la ley recogía gran parte de lo que hemos llamado espíritu de concordia, por cierto algo que faltó tanto en la elaboración de la Constitución como en el llamado espíritu de la Transición, con este tema.

Pero lo más triste de todo esto es que se ha utilizado la derogación de esta ley como mercancía en el intercambio de cromos entre PP y Vox para la conformación del gobierno de las derechas. El desprecio a las familias afectadas, a la historia, al pasado más cruento de nuestro país, es la base sobre la que se asienta esta alianza.

En su reacción virulenta y desproporcionada se esconde la endeblez de sus argumentos, la mala conciencia de algunos y la insensibilidad de muchos.

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