Opinión | TERCERA PÁGINA

¿Qué no hemos entendido?

No deja de ser anacrónico que una parte importante de la población apoye planteamientos extremos que tensionan los debates y la propia convivencia

Apenas han pasado unas horas de las elecciones al Parlamento Europeo y se extiende la preocupación por su resultado. En España, PP y PSOE prácticamente han empatado. Pero ha surgido Se Acabo la Fiesta, una plataforma de Luis Pérez, conocido como Alvise Pérez. Identificado como un youtuber de extrema derecha, sin estructura ni programa, ha conseguido más de 800.000 votos y los mismos escaños que Ahora Repúblicas y Sumar, uno más que Podemos y dos más que Junts, partidos históricos o agrupaciones de partidos que han contado con presencia en medios de comunicación de todo tipo.

A pesar de que Alvise está involucrado en causas judiciales por publicar información falsa y bulos, y que incluso ya tiene condenas, su irrupción ha conmocionado el tablero político español. Llama poderosamente la atención que los ciudadanos avalen su propuesta de combatir la partitocracia cuando el artículo 6 de nuestra Constitución indica que «los partidos políticos expresan el pluralismo político... y son instrumento fundamental para la participación política». Del mismo modo proclama su intención de cambiar la Constitución para implementar trabajos forzados para pederastas y asesinos, la deportación masiva de ilegales o encarcelar a personas con determinado tipo de tatuajes. Sorprende que estos planteamientos tengan eco entre una sociedad occidental como la española y chocan frontalmente la legislación actual y con varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948 en París, entre ellos el número 2 que dice: « Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición...».

Igualmente sorprende que en su primera aparición en la escena pública haya sacado los mismos escaños que Sumar, una coalición de partidos que forma parte del Gobierno de España con el PSOE y que en su acción de gobierno ha aprobado leyes que suponen un aumento de derechos y condiciones para desempleados, colectivos LGTBI, prorrogas de los ertes, subida del salario mínimo interprofesional (SMI), reglamentos sobre planes de igualdad retributiva, ley del teletrabajo, servicios de formación de asesoramiento para el emprendimiento y hasta un total de 12 acuerdos en los que Yolanda Díaz (Sumar), vicepresidenta del Gobierno, se ha involucrado directamente para conseguir pactos entre las organizaciones empresariales y los sindicatos.

Afortunadamente, los dos partidos mayoritarios han sumado más del 60% de los votos, pero no deja de ser anacrónico que una parte muy importante de la población apoye estos planteamientos tan extremos que contribuyen a tensionar los debates y la propia convivencia social.

Lo cierto es que la clase política española tiene que pensar en qué medida está contribuyendo a esta crispación que nos envuelve. No es de recibo que acabemos de salir de unas elecciones al Parlamento Europeo y no se hayan escuchado en los debates propuestas que sirvieran a los ciudadanos para valorar cuán transcendente es su papel en el mismo y la importancia de sus decisiones. Por otra parte, muchos medios de comunicación parece que olvidan aquella referencia de Pulitzer: «Con el tiempo una prensa mercenaria, demagógica, corrupta y cínica, crea un público vil como ella misma». Día a día comprobamos que muchos de ellos han entrado en una deriva que en nada contribuye al desarrollo de su función social.

No se sabe cómo se gestionarán los acuerdos en el Parlamento Europeo, pero parece ser que el grupo socialdemócrata y el Partido Popular Europeo están negociando una nueva alianza para cortar el paso a una extrema derecha que se muestra poderosa y amenazante. Resulta difícil de entender que esto no sea posible en nuestro país para asuntos tan importantes como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lleva más de cinco años caducado, la financiación autonómica, la política internacional con Ucrania y Gaza en guerra, el problema de la inmigración y otros que exigen la concurrencia de los dos partidos mayoritarios como la cuestión territorial, la sanidad, la vivienda y la educación.

Las políticas de máximos que se plantean y los insultos, descalificaciones y deslegitimación que llevan años haciendo el PP y Vox hacia el Gobierno, incluso la criminalización de las ideas y ataques en el plano personal, hacen prácticamente imposible el encuentro. Si estas acciones son jaleadas por los medios de comunicación y algunos jueces se convierten en actores de primera fila, se contribuye sobremanera a ese desapego de los ciudadanos hacia la política y al crecimiento de partidos que ponen en peligro la propia democracia.

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