Opinión | editorial

Buenas noticias y prudencia

El Gobierno español comunicó ayer una de sus mejores noticias económicas de los últimos meses. La Comisión Europea ha excluido a España de los países de la UE que cuenta con un déficit excesivo y deben adoptar, en consecuencia, medidas de específicas de austeridad destinadas a rebajar el déficit público por debajo del 3% del Producto Interior Bruto. De hecho, España cerró el 2023 con un déficit del 3,6%, sin embargo, la Comisión expresó su confianza en los planes expuestos por el Gobierno para alcanzar el 3% a finales del 2024 y anticipó la exoneración de nuestro país de la lista de países en riesgo de recibir un expediente sancionador. Esta confianza de Bruselas en las posibilidades de la economía española y en el compromiso del Gobierno de controlar las cuentas públicas es una buena noticia, como destacó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Sin embargo, ni el Gobierno, ni el resto de las administraciones (autonómicas y municipales) deberían tomarlo como un aval para una relajación que llevase a incumplir con las medidas ineludibles que deben permitirnos alcanzar el 3% a finales de año y bajar de este umbral en 2025.

La exclusión de España de la lista de países que seguirán siendo objeto de un seguimiento especial por parte de la Comisión Europea resulta más significativa contemplando la lista de quienes no lo han conseguido. Entre estos están Bélgica, Hungría, Polonia y, sobre todo, Francia, cuya previsión de déficit para las administraciones públicas es del 5,1% para 2024 y el 4,1% para 2025. Datos demoledores por los cuales el Gobierno que surja de las próximas elecciones deberá adoptar drásticas medidas de contención del gasto público.

Es la primera vez, en 12 años, que España sale de esta lista de países que se creó para asegurar las medidas impuestas por Bruselas a instancias de los países más rigurosos de la UE en materia de déficit, entre otros Alemania. Sin embargo, no se puede confundir ni el presente ni las expectativas positivas a corto plazo con un futuro marcado por muchas incertidumbres. La deuda pública española sigue siendo la quinta más elevada de la UE, y en consecuencia, si el Gobierno quiere estabilizar todas las cuentas públicas, debe mantener la política de reducción que ha llevado a cabo en los últimos tres años. Y esta afectará en mayor o menor medida a las políticas de gasto público en función de hasta qué punto se pueda seguir favoreciendo la buena marcha de la actividad empresarial.

Asegurar un déficit sostenible pasa, también, por ir cancelando las ayudas con carácter universal que se arbitraron para hacer frente a la crisis económica y la pandemia. Impulsada por el turismo y las exportaciones, la economía española ha demostrado una notable capacidad de resiliencia. La creación de empleo, que ha sido uno de sus logros más singulares, también explica la evolución positiva de los datos macroeconómicos por el impacto que tiene en el consumo de bienes y servicios y en la recaudación fiscal. Las recientes revisiones al alza de las previsiones de crecimiento económico de España por parte del Banco de España y de las instituciones internacionales van en esta dirección. Ello constituye precisamente una oportunidad para llevar a cabo las reformas necesarias para dar más solidez a nuestro crecimiento y para introducir una cultura del rigor y de la eficiencia en la gestión de todas las administraciones públicas.

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