Opinión | salón dorado

Libertad de expresión

En una democracia que se considere plena, los gobiernos no controlan a los medios de comunicación, sino todo lo contrario

Hace ya tiempo que muchos políticos de todo el espectro de la casta se tiran día sí día también toneladas de estiércol y lodo a la cara, manchándose unos a otros, ofendiendo a la democracia, enfangado a la decencia y avergonzando a gran parte de la ciudadanía. Además, unos y otros califican de bulo cuanto dicen sus rivales, sin aportar dato alguno para demostrarlo.

El Gobierno anda en estas semanas estudiado la manera de sentenciar qué es un bulo y parece que está buscando fórmulas para acabar con ello; pero ¿quién debería señalar qué es un bulo: el Gobierno de turno, las Cortes Generales (mediante votación unánime, por mayoría cualificada, absoluta o simple), un futuro Ministerio de la Verdad Verdadera, el Fiscal General del Estado, «el tío Raimundo», «el Gran Wyoming», «un granjero de Nuevo México», «Rita la Cantaora», «Bernarda, la del coño», «Ambrosio, el de la carabina», «Lo que diga la rubia»...?

En una democracia plena, el Gobierno no debe erigirse en censor supremo de la prensa y dictador de la verdad y la mentira, porque en democracia los gobiernos no controlan a los medios de comunicación, sino todo lo contrario. Además, con nuestro ordenamiento jurídico no hace falta tanta parafernalia ni tanta monserga. Para dirimir si las acusaciones contra el novio de Díaz Ayuso o contra el hermano y la esposa de Sánchez Castejón son ciertas o falsas, hay una respuesta legal: ir a los tribunales, presentar una denuncia por injurias, calumnias y afrentas al honor, mostrar las pruebas correspondientes y dejar que la justicia haga su trabajo, y si un juez no lo hace, pues entonces se denuncia a ese juez y se procesa por prevaricación.

Claro que los condenados, una vez demostrado que son culpables de esos delitos, no deben preocuparse en absoluto –si pertenecen a la casta, claro–, que siempre hay presidentes del Gobierno como González, Aznar, Rodríguez Zapatero, Rajoy o Sánchez, por no ir más lejos en el tiempo, que los van a indultar o a amnistiar sí o sí, aunque hayan cometido crímenes gravísimos que conlleven condenas en firme de varios años de cárcel, o si no, aún les quedará el recurso de alegar que están enfermos, y un juez caritativo, y que sea de su cuerda, permitirá que sigan libres per secula seculorum amen. Que se lo digan si no a Jordi Pujol, delincuente convicto y confeso que se llevó a su casa hasta el agua de los floreros de la Generalitat y el tres per cent (en famosa expresión del socialista catalán Pascual Maragall) de numerosas «mordidas» y corrupciones varias.

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