Opinión | editorial

Por una financiación justa

España necesita acordar un nuevo sistema de financiación autonómica. Diversas comunidades lo han reivindicado. Como Aragón, que se ha posicionado claramente en todo su espectro político rechazando una financiación diferenciada para Cataluña. El argumentario de las distintas fuerzas de la comunidad incluye numerosas particularidades ideológicas, varias irreconciliables, pero contiene también algunos puntos de unión: la exigencia de un trato justo y solidario, singular por la despoblación, las características del territorio, su dispersión, el envejecimiento y el coste de los servicios. Como Aragón, otras comunidades, aunque con criterios diferenciados, han reclamado sentarse a buscar un acuerdo. La Comunidad Valenciana y Baleares, por ejemplo. O Andalucía, que también lo ha puesto sobre la mesa. Algunos partidos políticos lo han planteado como condición para dar su apoyo a diversas investiduras. Compromís lo hizo hace ahora un año en el caso de Pedro Sánchez. En Cataluña hay un consenso amplio social y político sobre la necesidad de abordar esta cuestión.

Ahora, un partido político, Esquerra, lo pone como condición para votar la investidura del ganador de las elecciones, Salvador Illa. Y se supone que para seguir apoyando a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Es legítimo, pero ni el origen de la petición debe desvirtuar el debate ni dos partidos políticos en Cataluña pueden acordar lo que corresponde decidir al Estado, representado por el Gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Podrán acordar, en todo caso, la posición que defenderán sus representantes en ese organismo en el que el Ministerio de Hacienda ostenta el voto de calidad.

Es un error centrar este debate en los territorios y en la foralidad. Hay que hablar de los servicios públicos y de las singularidades, puesto que no todas las autonomías tienen las mismas competencias ni son homogéneas en cuanto a población, orografía o precios de los servicios. No se puede hablar de una sola singularidad ni tampoco se puede sostener que la única manera de asegurar la igualdad sea la uniformidad. Aristóteles dejó dicho que la justicia es tratar de manera diferente a los diferentes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha abierto a afrontar esta cuestión. Bien. Pero no debe hacerlo, como en el caso de la amnistía, vinculándola solo a su propia supervivencia política. Debe afrontarla para dar un salto decisivo en la materia, es decir, que le sobreviva. El líder de la oposición y ganador de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que hay que hablar de la financiación de los servicios públicos y dotar a las autonomías del dinero suficiente para pagar lo que el Estado aprueba como derecho. Esperemos que la pereza a capear con las posiciones legítimamente diversas de sus barones territoriales no le aparte de esta posición.

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