Opinión | EDITORIAL

La justicia española rectifica

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón optaba el lunes por la noche por sobreseer provisionalmente y archivar la causa del Tsunami Democràtic. La decisión fue propiciada por el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional invalidando todas las pesquisas realizadas por el instructor a lo largo de los últimos tres años. El motivo es un error, en cierto modo incomprensible, cometido por García Castellón, quien prorrogó su investigación un día después de que esta hubiera finalizado.

El archivo de la causa beneficia a los diez investigados por García Castellón por un supuesto delito de terrorismo. Entre ellos se encuentra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien podría regresar a Cataluña en breve, toda vez que la única acusación que ahora pesa sobre ella es de desobediencia por el referéndum del 1-O, que no comporta penas de prisión. La dirigente republicana reside en Suiza desde marzo de 2018. La equivocación del juez de la Audiencia favorecía ayer también a Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg, diputados del Parlament y aforados. Sus casos estaban en manos del Tribunal Supremo, que, siguiendo a García Castellón, resolvía también dar carpetazo al asunto. El caso de Puigdemont no es idéntico al de Rovira. La situación del expresidente no cambia en lo sustancial, puesto que se mantiene contra él la orden de detención por un supuesto delito de malversación. Como se sabe, y pese a ello, Puigdemont se ha comprometido reiteradamente a regresar a España cuando se celebre la sesión de investidura pendiente en el Parlament de Cataluña.

Que las causas en torno al Tsunami Democràtic queden sin efecto es una buena noticia. En primer lugar, porque se trataba de unas investigaciones promovidas por García Castellón con una obstinación como mínimo sorprendente. El juez se empeñó durante años en perseguir a los independentistas con una contumacia y un ahínco muy difíciles de entender si consideramos que la Justicia debe ser radicalmente imparcial, y actuar siguiendo los dictados de la razón y no de las emociones, los sentimientos o la ideología de naturaleza particular. Dicho esto, resultaría abusivo no añadir que, una vez conocido el auto de la Audiencia Nacional, García Castellón ha actuado con diligencia y celeridad, asumiendo los graves efectos derivados de su equivocación en relación a la fecha de la prórroga de la investigación.

Pero el archivo forzado por la Audiencia Nacional es una noticia positiva también porque desmiente a los que arremeten sistemáticamente contra la Justicia española, a la que suelen tachar de adulterada y de exigua calidad democrática, y de perseguir ferozmente a determinadas personas y colectivos por motivos políticos. Igualmente, a los que, generalizando de forma completamente abusiva, señalan que las cúpulas judiciales participan en su conjunto de una suerte de complot orientado a socavar el Gobierno de Pedro Sánchez y la mayoría de izquierdas y plurinacional que lo sostiene. Que tanto el juez García Castellón, primero, como el Tribunal Supremo, inmediatamente después, hayan cerrado el caso del Tsunami Democràtic demuestra que tal complot o conjura de carácter colectivo no existe, y que la judicatura española es capaz de admitir sus errores, y de actuar en consecuencia y según la ley ordena.

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