Opinión | EDITORIAL

Una responsabilidad compartida

El acuerdo alcanzado ayer en Tenerife por el Gobierno y las comunidades autónomas en torno al reparto en todo el territorio de cerca de 400 menores migrantes no acompañados supone una noticia positiva. La decisión llega tarde y está muy por debajo de lo que pide el Gobierno de Canarias, principal receptor de menores migrantes solos, que necesita reubicar a 2.500 llegados en los últimos meses. Sin embargo, preferimos verla como un primer paso.

Se trata de un principio de colaboración positivo entre el PSOE y el Partido Popular que ha aceptado compartir la responsabilidad de la distribución de 347 menores en las autonomías en las que gobierna. Que el PP lo haya asumido sin aceptar el principio de obligatoriedad para futuros repartos entre comunidades le resta a la decisión mayor trascendencia. Pero bien es verdad que los populares estaban sometidos al chantaje de Vox de abandonar los gobiernos de coalición autonómicos si aceptaban la obligatoriedad que proponía el gobierno. Se trata de un tema que preocupa a la ciudadanía y que suscita demagogia en toda Europa. Por lo tanto, bueno es que, pese a los desacuerdos que permanecen, Gobierno y oposición hayan dado un primer paso, para la reubicación de estos 400 menores que debería extenderse, en el futuro, a la adopción de criterios aceptados por todos que permitan gestionar mejor la acogida de los recién llegados.

España cuenta con 48 millones de habitantes y tiene algo más de 10.000 menores migrantes solos, un dato que resulta útil para evitar los excesos. Nadie niega que la acogida de estos menores supone un quebradero de cabeza para las administraciones locales. Su atención, y su integración, para evitar una marginación que puede abocarles a delinquir, es una tarea que requiere recursos, gestión local, leyes y algunos principios. Entre ellos el de la solidaridad entre comunidades autónomas. Se trata de niños y de niñas (sobre todo niños) de entre 12 y 16 años cuya situación está amparada por los convenios internacionales sobre la infancia suscritos por España. Nadie puede vaticinar que la llegada de migrantes jóvenes vaya a reducirse en los próximos años, por mucho que la UE haga esfuerzos en pro del desarrollo de sus países de origen y adopte medidas de contención y seguridad en colaboración con sus gobiernos. En una frontera como la mediterránea, donde la renta per cápita es entre 20 y 40 veces superior en el norte que en el sur (según cómo se calcule), es obvio que estamos ante una cuestión que seguirá formando parte de la agenda europea de las próximas décadas.

En consecuencia, son necesarios acuerdos de Estado para abordar su la dimensión humanitaria del problema, y dar una perspectiva social a los menores migrantes solos. Resolver el problema supone claridad por parte del Gobierno y una actitud solidaria por parte de las autonomías que no se ha dado hasta ahora. En Tenerife, ni el PP ni los partidos independentistas catalanes han aceptado asumir la obligatoriedad de una distribución equitativa de estos menores de manera permanente. Sin ello, será muy difícil que el acuerdo de ayer se extienda a una ley de extranjería basada en principios de corresponsabilidad, y que fije la asignación de los recursos estatales necesarios a la gestión de los menores. Solo así se conseguirá sustraer su acogida a quienes la utilizan con fines electorales.

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