La DANA en el Congreso

Casi un mes después de la devastadora DANA que azotó Valencia, Pedro Sánchez compareció ayer ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la gestión del Gobierno respecto a la misma y a sus consecuencias. Lo hizo en un momento especialmente delicado para él tras las declaraciones de Víctor de Aldama sobre el supuesto pago de comisiones a Koldo García y José Luis Ábalos, en plena tormenta en el PSOE madrileño a consecuencia de los mensajes con información judicial relativa a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y coincidiendo con el anuncio de la citación judicial como investigado por tráfico de influencias de su propio hermano. Es por ello que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le acusó de parapetarse detrás de la DANA para enmascarar todos esos asuntos. Un argumento con el que corre el riesgo de parecer que sugiere que estos deberían ser la prioridad por encima de lo sucedido hace un mes. El mismo día de la votación del PP español en Bruselas contra la nueva Comisión Europea por la presencia de la vicepresidenta Teresa Ribera. Por su parte, el presidente del Gobierno ha remitido la asignación de responsabilidades a un futuro informe exhaustivo del consejo de ministros y al trabajo de una comisión de investigación ante la cual comparecerían él mismo y sus ministros, para al mismo tiempo ofrecer los votos socialistas para «para quitar a la persona que es la principal responsable de esta catástrofe».

El presidente del Gobierno se ha descargado de la responsabilidad en la gestión de la DANA alegando que el mando único correspondía a la Generalitat, defendiendo que el Gobierno actuó de manera adecuada proporcionando la información por medio de la Aemet y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Pero argumentar que la responsabilidad sobre la imprevisión no es ni tan solo simétrica, sino que recae principalmente en el Gobierno autonómico responsable de la protección civil, no debería ser incompatible con asumir también errores desde el Gobierno central. También si hablamos de la reacción en los días siguientes a la catástrofe y en las labores de reconstrucción. Y aún más necesaria es la autocrítica por parte de todos, hasta ahora ausente, si nos referimos a la gestión del debate político.

La prioridad sigue siendo ahora atender las necesidades de las víctimas, con medidas como las del segundo paquete de ayudas anunciado ayer, con las que se suman más de 18.000 millones de euros comprometidos para atender a los afectados y recuperar el tejido productivo, la actividad escolar y el parque móvil. Pero el proceso de aclarar responsabilidades no debería aplazarse indefinidamente. Sobre todo si la alternativa es un debate que no hace sino desgastar tanto al Gobierno valenciano como al Ejecutivo central, sembrar dudas sobre el funcionamiento del Estado autonómico y reforzar a aquellas fuerzas que, sin los límites que imponen las responsabilidades de gestión, es más, tras haber cuestionado desde la gravedad al cambio climático hasta la necesidad de gestionar de forma sostenible el territorio o los propios servicios públicos de emergencias, tratan de capitalizar el descontento cuando no de atizarlo. El PP y el PSOE deberían ser los principales interesados en rendir cuentas de lo sucedido y aparecer como fuerzas responsables en la gestión post-DANA, para lo cual deberían evitarse gestos tan irresponsables como infértiles.

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