¿La FP como negocio?

El aterrizaje de fondos de inversión en la nueva formación profesional y en el sistema universitario español ha hecho sonar las alarmas.

Desde luego, el mayor respeto a la iniciativa privada. ¡Faltaría más! Hay que respetar (incluso aplaudir) a empresas y particulares que ponen sus ojos y recursos en un nicho de mercado tan particular como el de la enseñanza. En sus distintos niveles. Porque, sí: es muy «particular». Aún así se están produciendo desembarcos de gran tonelaje en la formación profesional.

Centrémonos (por ahora) solo en la FP. Con la nueva ley de ordenación e integración (LO 3/2022) se ha abierto un amplio campo para la directa participación de la iniciativa privada. Era necesario para configurar una formación profesional acorde con lo que se hace en otros países europeos. Es ahora mucho más flexible que la anterior de los dos subsistemas (educativo y para el empleo) separados en casi todo. Esa flexibilidad se traduce en un incremento sustancial de ofertas: varios grados, modalidades, programas, itinerarios, dualidad, etc. Además, se han actualizado los currículos y se aprueban nuevas titulaciones para de esta manera poder responder a las cambiantes necesidades del sistema productivo.

Esa modernización ha impulsado un cambio de la percepción social sobre los estudios profesionales. La demanda es muy alta en algunas ramas o familias profesionales. Sobre todo, en las relacionadas con la digitalización, el comercio y, de manera especial, con la salud. Y, consecuentemente, se ha producido un importante aumento de alumnado: en los cursos de especialización, en torno al veinte por ciento de un año a otro (datos MEFP).

Ante la falta de plazas en los institutos públicos (¡esa es otra!), empresas y fondos de inversión, que poco o nada se habían preocupado hasta ahora por la FP, han abierto centros privados que presentan a bombo y platillo sugerentes ofertas en aquellas titulaciones en las que se produce la mayor demanda estudiantil. En un estudio de Caixabank (Radiografía de los centros de FP en España) puede leerse que, en la última década, los centros privados no subvencionados han aumentado un 468% su alumnado y que en solo diez años las ofertas a distancia ese aumento se ha disparado hasta casi el 3.000%. Ahí está la mayor oportunidad de negocio: en la FP superior (ciclos formativos y cursos de especialización) y, de manera muy destacada, en la modalidad virtual.

Esa es la realidad. El coste en un grado superior de FP supone unos cinco o seis mil euros por curso; incluso más, aunque sea enseñanza no presencial. Evidentemente, existe posibilidad de negocio para una empresa ahora «educativa». Para algunos fondos de capital riesgo internacionales, la educación es un sector atractivo, con viento de cola a largo plazo, y de ahí sus inversiones multimillonarias. Buscan casi exclusivamente rentabilidad económica inmediata.

En algunos casos sus centros se anuncian con el cartel de «centro superior» y ofertan solo ciclos superiores y cursos de especialización. En otros, sus títulos de FP («técnico superior on line», por ejemplo) aparecen directamente en portales de universidades privadas y en paralelo a la propia oferta universitaria. La FP superior es «educación superior», evidentemente. Así se identifica en el Marco Europeo de Cualificaciones de Educación Superior (MECES), donde se atribuye el número 1 al Técnico Superior (FPGS) y así sucesivamente hasta el nivel 5 a las titulaciones universitarias de grado, master y doctorado. Otro tanto sucede en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) de la Unesco, con una escala graduada para la educación superior. Pero debe quedar muy claro (en la normativa vigente lo está) que la FP se imparte en centros de FP y la universitaria en las universidades. Otra cosa son las homologaciones, que, por cierto, deberían ser en ambos sentidos.

En una economía de libre mercado, nada que objetar a la autorización de centros y ofertas formativas que enriquecen el mapa de la formación profesional. Pero han de cumplir los requisitos legalmente establecidos, tanto para la creación de un nuevo centro (instalaciones, profesorado, etc.) como para la autorización de las enseñanzas concretas (titulaciones, dualidad, etc.) a impartir curso a curso, incluida la fase de formación en empresa u organismo equiparado. Y de que se cumplan tiene una responsabilidad directa cada administración autonómica, obligada (por ley) a la inspección (verificación, control, evaluación, etc.) del sistema educativo en su territorio; incluida la FP, por supuesto. ¿Lo hacen, como legalmente debieran (y con diligencia) todos los gobiernos autónomos o, por aquello de la «libertad», dejan que cada cual haga más o menos lo que quiera?