Desacuerdos en territorios y partidos

Dos años y nueve meses después de la última reunión, ayer tuvo lugar la 27ª Conferencia de Presidentes, el máximo órgano de cooperación intergubernamental en España y cuya principal función es abordar asuntos de particular relevancia para el sistema autonómico. En ella se trataron tratado cuestiones relativas a la vivienda, por medio de las propuestas para incrementar el parque de vivienda publica y de reformar la ley del suelo, a la sanidad, a través del anuncio de que el Gobierno central transferirá 223 millones para mejorar la atención de los pacientes mediante la inteligencia artificial, y a la inmigración, a causa del permanente desacuerdo entre comunidades sobre el reparto de menores no acompañados. Sin embargo, ni estos tres temas parece que hayan centrado el debate, ni tampoco las reflexiones de los participantes tras el encuentro, ni mucho menos se ha alcanzado o se ha avanzado hacia ningún tipo de acuerdo al respecto. Un fracaso decepcionante, aunque por supuesto no inesperado.

La financiación autonómica, a pesar de que el marco en el que debe debatirse esta cuestión es el Consejo Política Fiscal y Financiera, protagonizó la cita, circunstancia que se explica por el hecho de que el actual modelo aprobado en 2009 está caducado desde hace más de diez años y como consecuencia del acuerdo entre el PSC y ERC sobre la financiación singular de Cataluña. El president de la Generalitat, Salvador Illa, defendió que dicho modelo es compatible con la solidaridad, lo que no evitó, de nuevo, el rechazo explícito por parte del PP, y en particular por la presidenta de la Comunidad de Madrid, y tampoco ha servido para disipar las suspicacias en el seno del PSOE, razón por la cual se explica que ese modelo no haya sido ni explícitamente avalado en su reciente congreso ni tampoco haya sido vetado.

También en el ámbito de la financiación, e igualmente enmarcado en el acuerdo del PSC con ERC que permitió la investidura de Illa y que contempla una quita parcial de la deuda de Cataluña, el presidente del Gobierno reiteró que el Estado asumirá parte de la deuda de las comunidades autónomas. Ayuso también se opuso de manera contundente a la generalización de la medida y planteó que la condonación solo afecte a la Comunitat Valenciana con el objetivo de paliar los efectos de la DANA, un posicionamiento que pone en dificultades a otras comunidades autónomas gobernadas por el PP que podrían ser beneficiarias, como Andalucía o el propio Madrid que, además, al igual que Cataluña y Valencia, se encuentran entre las autonomías más endeudadas.

Emplazados a un Consejo de Política Fiscal y Financiera que deberá realizarse en enero para abordar la cuestión de la quita y con la previsión de una nueva Conferencia de Presidentes que se celebrará en Barcelona, la presente reunión se cerró sin acuerdos y certificando divisiones muy transversales. Entre autonomías y Gobierno central por las políticas sectoriales y entre territorios, entre partidos y dentro mismo de los partidos en lo que respecta a la financiación. Algo que no necesariamente debe interpretarse como una mala noticia sino como una oportunidad que ofrece el sistema de gobierno multinivel para llegar a acuerdos teniendo en cuenta que la pluralidad de intereses y las necesidades compartidas hace más permeables a los supuestamente monolíticos bloques partidistas.

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