Un frente común con el problema de la vivienda

Analizar la eficacia de las respuestas que se han dado al problema de la vivienda en España y decidir qué políticas aplicar para trabajar en su resolución real deberían convertirse en dos de los grandes objetivos comunes en los próximos años. La preocupación por las dificultades para proteger este derecho tiene razones objetivas indiscutibles. La oferta no es capaz de satisfacer (ni en número ni en condiciones de acceso) la demanda real. Mientras, la diferencia entre la erosionada renta disponible de los ciudadanos y los precios de alquiler o compra no ha dejado de crecer, extendiendo el número de hogares que han de asumir un sobreesfuerzo económico o que están sujetos a una incertidumbre continua.

En Aragón, según un reciente estudio de la consultora Atlas, harían falta unas 118.000 viviendas asequibles para aliviar el mercado, de modo que la tasa de esfuerzo de las familias para pagarlas no supere el umbral del 30% de sus ingresos: 97.000 en Zaragoza, 15.000 en Huesca y 6.000 en Teruel. En la actual legislatura, tanto la DGA como el Ayuntamiento de Zaragoza están trabajando en una clara línea para desarrollar diferentes planes de construcción de vivienda pública, así como para fomentar el alquiler asequible, un campo en el que ya se han impulsado en torno a 1.500 pisos.

Hasta ahora, las respuestas ofrecidas desde los distintos gobiernos han oscilado entre las promesas sin contenido y las propuestas regulatorias de muy dudosa efectividad. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, abrió recientemente una nueva vía: la creación de una gran empresa pública de vivienda, de momento solo una declaración de intenciones. En la Conferencia de Presidentes de Santander de este pasado viernes también propuso pactar una reforma de la ley del suelo, el fomento de la aplicación de la actual ley de vivienda y blindar el carácter público y social de las casas financiadas con recursos públicos de forma permanente para hacer crecer el parque de modo paulatino y acercarse a los estándares europeos (en torno al 20% del total). Por su parte, Jorge Azcón, presidente de Aragón, exige más financiación al Gobierno central y que el Estado ceda a la comunidad suelos en desuso.

Las dificultades de acceso a la vivienda responden a múltiples factores, afectan a diferentes colectivos y no pueden menos que recibir respuestas y soluciones diversas. En primera instancia es necesario distinguir entre la necesidad de creación de un parque de vivienda social para colectivos vulnerables, en que el protagonismo del esfuerzo público (pero también del tercer sector) debe ser indiscutible, y la necesidad de aumentar la disponibilidad de inmuebles asequibles para cada nivel de ingresos. Una oferta que solo puede llegar a través de la concertación público-privada, con disponibilidad de suelo edificable y la creación de estímulos que hagan atractiva la inversión en condiciones de rentabilidad razonables para los promotores.

Incluso las proyecciones razonablemente optimistas sobre el esfuerzo que España puede dedicar a ponerse a la altura de países con décadas acumuladas de políticas de vivienda asequible acertadas indican que serían necesarios unos 20 años de trabajo continuado. Un objetivo inasequible sin la concertación, también, de todas las fuerzas con vocación de gobierno a corto, medio o largo plazo. De convertir realmente las prioridades de los ciudadanos (la vivienda, y otras muchas más) en las prioridades de la política real, y hacerlo sin explicaciones simplistas ni soluciones mágicas, dependerá no solo la solución a las dificultades específicas de cientos de miles de personas. También la credibilidad de lo público. De la política, de los medios y de las empresas socialmente responsables. Hacer lo contrario solo llevará a una quiebra de confianza de consecuencias nada deseables.

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