Aquelarre autonómico

La reciente Conferencia (¿o aquelarre?) de Presidentes celebrada en Santander terminó sin acuerdos. Todo ese esfuerzo y gasto -viajes, estancias, seguridad-, para cerrar las jornadas con un… «Ya hablaremos». Habrá que seguir hablando, pues, de dinero público, emigración y despoblación, sanidad y vivienda porque en tan magna reunión entre el presidente del Gobierno y los diecinueve presidentes de comunidades y ciudades autónomas todo quedó en el aire.

El único que se fue medianamente contento, como siempre, fue el virrey catalán. Las promesas de Sánchez relativas al perdón de la deuda catalana (15.000 millones de euros) más la concesión de su independencia económica a base de nuevas competencias financieras y tributarias no resultaron anuladas en la cita autonómica. Hubo protestas, naturalmente, por parte de los representantes de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón... pero el Ejecutivo central no dio marcha atrás, por lo que Illa, a su regreso a Barcelona, ha podido seguir hablando de ese nuevo y exclusivo marco de financiación preferente para Cataluña.

Virreinato, sin embargo, que está hecho unos verdaderos zorros, con precios de la vivienda abusivos, graves problemas de integración, presencia de mafias, altos índices de prostitución y drogas, más una grave crisis económica de fondo derivada de la deslocalización de empresas que ven en el radicalismo independentista de la colonia de Junts un riesgo para su negocio.

De la Conferencia de Presidentes tampoco ha surgido propuesta alguna para reformar el llamado Estado de las Autonomías, cada vez más asimétrico e imperfecto y alejado del espíritu de igualdad de la Constitución española. En el fondo, nadie parece interesado en cambiar nada, ni siquiera en aras de un mejor y más justo reparto –en rigurosa proporcionalidad–, de los recursos públicos. Todo seguirá, por tanto, más o menos igual hasta la próxima Conferencia de Presidentes, cotorreándose mientras tanto acerca de cogobernanzas y federalismos en declaraciones meramente eufemísticas y distractoras de lo esencial: gobernar el país de acuerdo a su diversidad, sí, pero sobre principios igualitarios. Nadie es distinto ni mejor o diferente por ser insular, catalán, hablar euskera o practicar el silbo gomero. A diferencia de lo que sucede en esos cónclaves –¿o aquelarres?– autonómicos, en los despachos, en las fábricas, en las calles somos todos iguales. ¿No les parece?

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